Una explosiva semana dejó bastante golpeado a un gobierno que leyó muy mal la situación social y se cargó una serie de opositores entre quienes eran sus valeadores electorales. Enojó al sindicato de la ANDE que masivamente había hecho campaña y votado por Peña. Se ganó la antipatía de todos los jubilados del IPS, que acabaron maldiciéndolo por la medida tomada de pasar una ley de superintendencia que le daría al administrador la posibilidad de disponer de sus recursos. Y tienen razón. El Gobierno les debe más de USD 500 millones que podrían doblarse en 7 años, con lo cual los está matando lentamente. Ahora dispondrán de otros 2.500 millones sin haber pagado sus acreencias y colocando en la presidencia y en el consejo a sus aliados en el saqueo. No se animó tampoco nunca el Gobierno incluso cuando sus actuales administradores estaban en Hacienda y el BCP a cortar la hemorragia de las cajas deficitarias. No quiso ganarse la pelea con maestros, militares, policías y empleados públicos para no enojarlos en el camino o en la sustentación del poder. Ahora todos le temen al Leviatán que en nombre de poner orden a las cosas los termine reventando con dinamita a todos.
Para peor aparecen las recetas del FMI que les ha condicionado a pasar la Ley de Superintendencia antes de finalizar diciembre. Eso explica por qué no escucharon ni a la Iglesia ni a sus aliados en el Congreso para discutirlo con mayor profundidad y atención. Lo dijo muy bien el proyectista senador cartista Dionisio Amarilla: “Lo hicimos porque era un mandato del FMI”. Apurado salió a desmentirlo el ministro de Economía, de su mismo movimiento, afirmando que no estuvo la organización internacional detrás de la ley que está anclada a un nuevo préstamo de USD 400 millones.
Fernández Valdovinos cree tontamente que esa defensa le permitirá algún puesto en esa organización cuando acabe su labor ministerial. Los nuestros solo sirven para dirigir bancos cuestionados porque afuera los desprecian.
La ley dinamitó al interior del coloradismo que ahora ya hablan los legisladores de este partido de formar una nueva corriente con el sello de “democrático”, que los separe del sector oficialista que todo lo impone por fuerza o con billetes. Las estrechas mayorías, en el Senado (20 votos de 45) y en Diputados (42 de 80 miembros), se han tenido que sumar pagando fuertes sumas a muchos que llegaron a caballo de ser una opción de cambio. Varios liberales han justificado con creces el pedido de expulsión de su partido que demanda la actual administración.
Está enojada una gran mayoría. Los que quedaron son tan incapaces de sostener con argumentos que decidieron culparle a la prensa, al FMI y a la mala administración de las cajas de las cuales ellos mismos hacen parte. Tienen una apretada mayoría y las posibilidades de perder el control del Congreso el próximo año son grandes. Deberán aumentar las ofertas para mantener a los alquilados que subirán de precio en la medida de la cercanía de la elección. La ciudadanía ha percibido claramente que la ley tiene objetivos nada santos. Colocaron que el administrador de la Superintendencia era inimputable y que los fondos del IPS podrían ser colocados en préstamos al Gobierno. Corrigieron a las apuradas, pero el simple hecho de haberlos colocados en el proyecto justifica la crítica de quienes ven en la ley y en sus promotores propósitos para nada nobles ni favorables al bien común. Los políticos cartistas han perdido ante los tecnócratas que promulgaron la ley y deben cargar el peso de sus consecuencias.
La reacción violenta y el procesamiento de varios manifestantes ha sido también un claro mensaje de las fuerzas de seguridad que 35 años después de la dictadura demuestran no haber evolucionado para nada. Son socios e incapaces de reprimir la delincuencia, pero son feroces apaleando a los manifestantes. ¿Les recuerda al stronismo?
El gobierno de Peña que defiende con uñas y dientes al sospechado senador Rivas y su título de abogado, que aplaude la aprobación de la llamada “devolución premiada”, que estimula la corrupción y que debe cargar el pago de otros USD 16 millones en el juicio perdido contra la portuguesa Mota-Engil por el fracasado Metrobús, ha dinamitado su administración. No lo forzaron a hacer. No requirió ayuda. Lo hizo él mismo y que pague sus consecuencias.
