“Acá no hay nada que se pueda esconder, hay informes que se tienen que recabar”, expresó la fiscala Yolanda Portillo.
Fue el fiscal adjunto Federico Espinoza quien decidió abrir la investigación por posible enriquecimiento ilícito contra la máxima autoridad del Ministerio Público, Javier Díaz Verón. Los agentes José Dos Santos y Yolanda Portillo fueron los designados para llevar adelante el caso.
“Se considera enriquecimiento ilícito cuando se puede corroborar que desde su ingreso a la función pública tiene más egresos que ingresos, sin poder justificar”, señaló Portillo.
Adelantó que desde este miércoles se realizarán las primeras diligencias al solicitar informes a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y a la Secretaría de la Función Pública.
Con esos documentos se buscará corroborar los datos de la declaración jurada del titular del Ministerio Público. “La ley es clara y dice que se tiene que investigar desde que ingresó a la función pública”, precisó la agente durante una entrevista con la 780 AM.
Al ser consultada sobre la pena prevista por este tipo de delitos, la fiscala mencionó que la condena máxima va hasta 10 años y lo mínimo es de seis meses.
Si bien Díaz Verón es el jefe de los agentes asignados al caso, Portillo aseguró que cada fiscal es dueño de su investigación y el único que puede juzgarlo es el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
“Tengo que ser objetiva, no puedo dar total credibilidad a las publicaciones, por eso se está iniciando la investigación”, refirió sobre lo expuesto por los medios de prensa sobre Díaz Verón.
Esto, respecto a las propiedades que cuenta el fiscal general y su esposa, María Selva Morínigo, quienes además cuentan con dos establecimientos ganaderos con aproximadamente G. 1.000 millones en animales de pura raza, y otras posesiones.
A DISPOSICIÓN. Díaz Verón, quien se encuentra actualmente de vacaciones en México, manifestó que es el más interesado de ser investigado, por lo que se puso a disposición de la Fiscalía.
Mencionó que “esta investigación servirá para demostrar que las publicaciones periodísticas en mi contra son mentiras”. Explicó que la estancia es propiedad de su suegra, que tiene desde hace mucho tiempo y que obtuvo de una herencia familiar.
“Así como puedo investigar al presidente de la República, un agente de la Fiscalía puede investigar al fiscal general del Estado”, dijo respecto a la apertura de la investigación.
