En el lapidario informe presentado en una conferencia de prensa por el contralor general de la República, Camilo Benítez se detalla paso a paso cómo se fue gestando la “deuda” ilegal de la Itaipú Binacional a beneficio de Brasil y en detrimento de Paraguay, ambos países como socios iguales.
El contralor explicó que se trata del resultado de una auditoría que comenzó en julio del 2009 con autorización de las altas partes de la entidad, que se estancó con los años y se retomó recién en 2020.
La auditoría detectó que el precio de la tarifa de USD 17,10 por Kw que se estableció en el Tratado de Itaipú para pagar la deuda hasta el 2023 se decidió bajar en 1985 a pedido de Brasil “por motivo de una crisis financiera”.
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“Obviamente, eso hizo que no se pueda honrar los créditos que tiene Itaipú Binacional y el hecho de no poder honrar los créditos en violación al Tratado generó una deuda ilegal que, comúnmente, se conoce como la deuda espuria”, explicó Benítez.
El contralor mencionó que cuando la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) estaba imposibilitada de pagar la deuda en los años 1999, 2000 y 2001, la Itaipú le refinanció la deuda con una tasa de interés del 12%.
El informe de la CGR señala que desde 1985 a 1997, a excepción de 1991, “Itaipú aplicó tarifas inferiores al servicio de electricidad a pedido de representantes brasileños, alegando dificultades económicas y con la complacencia de los representantes paraguayos”, dejando de percibir USD 1.700 millones y generando una deuda de USD 4.193 millones “en contra de sus intereses y a favor de Eletrobras”.
El documento, que tiene más de 100 páginas, también indicó que esto ocasionó que en esos años Itaipú dejara de percibir de la ANDE por la potencia facturada de 32.760.106 Kw, equivalente al 3% del total de la potencia facturada por Itaipú, que es de USD 43.975 millones.
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Por otro lado, el monto que Fumas y Eletrosul dejaron de pagar a la entidad binacional ascendió a USD 1.713 millones, por 1.191.841.065 kw de potencia facturada, equivalente al 97% del total de la potencia facturada por Itaipú.
La CGR había solicitado una lista de documentos vinculados a la deuda externa de Itaipú, desde el 2009 hasta la actualidad, entre los cuales figuran informes de auditoría interna, detalles financieros y económicos sobre la revisión del Anexo C del Tratado, balance general, estado de resultados y memorias de la binacional, entre otros.
También pidió los contratos firmados por la binacional con ANDE y Eletrobras para la compraventa de electricidad desde 1984 hasta el 2020, además de exigir datos sobre la cantidad y costo de la energía garantizada y de la energía adicional, además de deudas pendientes de pago.
