La Cámara Paraguaya de la Construcción mostró su disconformidad con el plan de factoraje impulsado por el Gobierno.
Según señala Raúl López, uno de los miembros de la Cámara, los atrasos del Gobierno les obliga a seguir acudiendo a financiamiento privado para sostener la cadena de pagos y así continuar con las obras.
“Entendemos que existen voluntades por buena parte del sector del Ministerio de Economía, del Ministerio de Obras, también por el Congreso, pero los tiempos son leoninos. Honestamente el factoraje no corrió, va a terminar siendo un préstamo comercial”, expresó en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
El Estado paraguayo acumula una deuda de USD 360 millones con el sector y, según indica, las alternativas de refinanciamiento, como el factoraje, no ofrecen soluciones reales.
López explicó que el mecanismo no prospera por falta de condiciones favorables para los empresarios. “El factoraje no corrió por una cuestión muy simple: no era satisfactorio para el triángulo que se debía armar. Básicamente, nos querían reemplazar a tres años proporcionalmente por cada factura, y eso iba a terminar siendo un préstamo comercial”, señaló.
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🔴 USD 360 millones de deuda: Cámara de la Construcción critica fracaso del factoraje
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) July 17, 2026
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El factoraje (o factoring) es un instrumento financiero donde una empresa vende sus facturas por cobrar a un banco o entidad especializada. A cambio, la entidad le adelanta el dinero en efectivo de forma inmediata, descontando una comisión e intereses, lo que permite mantener el flujo de caja sin esperar el plazo original.
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Desde el gremio señalaron que las empresas, tras haber cumplido con la ejecución de las obras, se ven obligadas a asumir descuentos económicos para poder percibir los fondos que el Estado les adeuda, lo que consideran una medida profundamente injusta.
El empresario detalló que la deuda se divide en USD 250 millones correspondientes a certificados de obras en curso y USD 110 millones en intereses.
“Son intereses donde también hacen a una suerte de capital de patrimonio entregado a través de obras, que operativamente ya están al servicio del país hace más o menos tres años”, indicó.
El representante del gremio subrayó que las empresas se ven obligadas a reestructurarse financieramente mes a mes, sin respuestas concretas del Estado.
