La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) manifestó su firme rechazo a la propuesta de factoring (canje de deudas) presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), argumentando que el mecanismo traslada el costo financiero del retraso estatal directamente al sector privado.
Desde el gremio señalaron que las empresas, tras haber cumplido con la ejecución de las obras, se ven obligadas a asumir descuentos económicos para poder percibir los fondos que el Estado les adeuda, lo que consideran una medida profundamente injusta.
La postura del gremio que aglutina a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas del sector va de la mano con la de Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa), quienes manifestaron su disconformidad con las disposiciones que, por un lado, limitan rubros y, por el otro, no se hacen cargo de los intereses.
Entre los puntos más críticos cuestionados por Capaco se encuentra la exigencia de renunciar a derechos contractuales y legales vigentes, específicamente los intereses por mora, como condición para acceder al cobro de las planillas. El gremio calificó esta alternativa como inequitativa, advirtiendo que mientras el sector público difiere sus compromisos de pago hasta por un plazo de tres años, las empresas constructoras deben absorber un impacto financiero inmediato.
Asimismo, la nucleación empresarial alertó que aceptar estas condiciones consolida una carga desigual para quienes ya financiaron las obras públicas en su momento, sentando un nefasto precedente para la seguridad jurídica y los futuros contratos con el Estado.
Si bien el gremio enfatizó que la regularización de la deuda es una necesidad urgente para el sostenimiento del sector, concluyó que no es razonable plantear como una solución de cumplimiento lo que en la práctica funciona como un castigo para las firmas que cumplieron con sus compromisos. Finalmente, reiteraron su total disposición al diálogo con las autoridades del Gobierno para estructurar alternativas que resulten justas y equilibradas para ambas partes.
INAPLICABLE. El ingeniero Paul Sarubbi, titular de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), también analizó los alcances de la resolución que reglamente el factoraje. “Bajo las condiciones actuales, resulta inviable para nosotros utilizar esta herramienta. Hemos señalado en múltiples ocasiones que los costos del factoraje no deben recaer sobre las empresas constructoras privadas. Tal como fue redactada la resolución, el esquema no es factible”, dijo a ÚH.
En el mismo sentido, el empresario informó que la próxima semana se prevé una reunión con el ministro de Economía para abordar esta problemática y evaluar alternativas. No obstante, agregó que bajo las premisas actuales para la cesión de créditos, la única solución viable sería que los pagos se realicen de forma directa contra el presupuesto general. Afirmó que eso requerirá de ampliaciones presupuestarias.
- 270 millones de dólares es la deuda del MOPC con constructoras, incluyendo intereses.
