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Desvinculado de Itaipú por supuesto acoso sexual

La Dirección Jurídica de la Itaipú recomendó la suspensión del contrato de Arturo Giménez, ex superintendente de la Binacional. Hace casi un año fue denunciado por acoso sexual por una funcionaria del ente.

Yris Magnolia Mendoza, directora jurídica de Itaipú Binacional, calificó como hechos irregulares las denuncias por supuesto acoso sexual contra el ex superintendente Arturo Giménez. Por ello, desde esta dependencia recomendaron la suspensión del contrato individual laboral del cuestionado funcionario.

"Luego de comprobados esos hechos, a través de las pruebas arrimadas, el Juzgado de Instrucción Sumarial resolvió dar por concluidas las diligencias y elevar el resultado de la investigación a la Dirección Jurídica", manifestó Mendoza este jueves, en conferencia de prensa.

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Con la resolución, el ente iniciará un juicio ordinario de justificación de despido contra Giménez, quien trabajó por 10 años en la institución y consiguió una estabilidad especial, según lo establecido por el Código Laboral. Su salario alcanzaba la suma de G. 45.424.000.

El proceso sumarial contra el ex superintendente de Servicios Generales de Itaipú inició el 25 de noviembre del 2017. Dos días antes, se publicó un audio en donde Giménez supuestamente ordenaba que se roben dos teléfonos celulares en la binacional.

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Uno de los móviles pertenecía a Marisa Yrigoyen, quien lo denunció por acoso sexual y era compañera de trabajo del acusado. La idea del hombre era asustarla, según trascendió.

“Que se pierda un teléfono ahí en la oficina, sin querer queriendo (...). La verdad es que no tiene un carajo, ¿verdad?, tenemos que ser sinceros, pero anda amenazando y dice cosas... ¿entendés? La chica que recién entró, la del gimnasio, la misma cosa, tiene un solo mensaje, las dos están en componenda, las dos son de Presidente Franco. Y bueno, necesito operativo comando”, se escucha en el audio.

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Poco después de ser denunciado, Arturo Giménez querelló a la supuesta víctima por difamación y calumnia. Solicitó G. 1.000 millones a la mujer por resarcimiento y que ella sea privada de su libertad.

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