Benito Varela, uno de los dirigentes de los sintierras, informó que 130 familias ocupan 13 hectáreas de las 65.000 que posee el terreno, las cuales se encuentran en litigio con la estancia Rincón Porã. Varela alega que las tierras corresponden al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
El fiscal Lucrecio Cabrera se constituyó en el lugar debido a una denuncia de hecho punible de invasión de inmueble ajeno y con el fin de advertir a los ocupantes e individualizarlos.
Alrededor de las 13.00, Cabrera, en compañía de la Policía Nacional, restituyó la propiedad a la estancia Rincón Porã al no encontrar a ninguna persona en el lugar.
Así mismo, cuando los guardias del lugar comenzaron a destruir las viviendas con una máquina excavadora, los ocupantes volvieron e intentaron impedir el procedimiento.
Los sintierras bajaron al conductor de la maquinaria y se vivió un momento de mucha tensión en presencia de agentes de la Policía Nacional, quienes manifestaron que solo se acercaron para acompañar el procedimiento fiscal.
Las familias esperan la presencia de una escribana para dejar constancia de las pérdidas millonarias tras el derrumbe de sus construcciones.
Participaron del procedimiento el jefe de la Comisaría 5ª de Curuguaty, Óscar Pedrozo, y efectivos de la Comisaría de Yasy Cañy. En total acompañaron unos 20 policías y los abogados de la estancia Rincón Porã se negaron a hablar con la prensa, informó el corresponsal de la zona, Elías Cabral.
