En los últimos veinte años, el mundo ha sufrido entre 350 y 500 desastres por año, pero las proyecciones indican que para el final de la actual década serán unos 560 al año, lo que equivale a 1,5 desastres cada día, explicó en una rueda de prensa el jefe de la Oficina de la ONU para la Reducción de Desastres, Ricardo Mena.
Esta situación empujará a la pobreza extrema a 37,6 millones de personas adicionales, según un informe presentado por esa agencia de Naciones Unidas en vísperas de una reunión internacional sobre esta temática.
Reducir el impacto de los desastres está en gran parte en manos de los gobiernos por las decisiones que tomen, evitando toda aquella que implique aumentar el riesgo para las poblaciones que viven en zonas proclives a diversos tipos de desastres.
Ello implica tomar decisiones responsables sobre el uso de los suelos y la planificación urbanística, que consideren los riesgos de desastres a causa del cambio climático.
Lea más: “La ciencia admite ya efectos irreversibles del cambio climático en el planeta”
Los expertos consideran que el enfoque de los desastres debe cambiar y reconocerse que las personas “tienen el derecho” a ser informadas de la inminencia de una catástrofe a través de sistemas de alerta temprana que sean comprensibles.
De los veinte países que enfrentan mayores riesgos por desastres, 18 son de ingresos medios y bajos, tienen una tasa de pobreza nacional del 34% y sufren un impacto desproporcionado a causa de estos eventos, sean inundaciones, sequías, terremotos, ciclones u otros, según los datos comunicados.
El informe señala que los países en desarrollo pierden un 1% de su producto interno bruto (PIB) anual a causa de desastres, mientras que los países de renta alta pierden entre el 0 y el 0,3% de su PIB.
“Lo importante es evitar crear nuevos riesgos con las decisiones sobre cómo vivimos, construimos e invertimos”, dijo Mena.
Sobre formas cómo los gobiernos pueden hacer la diferencia, mencionó el ejemplo de Chile, donde tras el terremoto y tsunami de 2010 el Gobierno promovió y financió en varias de las comunidades más golpeadas un programa para una reconstrucción sobre bases más seguras.
Los beneficiarios recibieron la mitad del dinero necesario para rehabilitar sus casas si se cumplía con los códigos de una construcción antisísmica.
