Llamativamente, Giuzzio hizo públicas a primera hora partes del informe de la comisión en una serie de posteos en su cuenta de Twitter, entre ellos uno que contenía una indirecta crítica al propio ministro Mazzoleni, quien reiteradamente ha intentado deslindar su responsabilidad en las compras irregulares, alegando que se realizaron en una coyuntura de emergencia impostergable por la pandemia del coronavirus.
“La declaración de urgencia impostergable para la adquisición de insumos o equipos en aras de hacer frente a la pandemia del Covid-19 no puede ser excusa para una implementación irregular de procesos de compra, ni utilizarse para tapar acciones negligentes en nombre de la salud”, aseguró Giuzzio en Twitter, en momentos de compartir las conclusiones de la comisión.
Entre otros puntos, destacó que hay inconsistencia en las fechas de designación de miembros del Comité de Evaluación del Ministerio de Salud con el acta de inicio del mismo Comité, confirmando las versiones de que a los miembros se les habría hecho firmar el acta de una compra ya decidida previamente.
Además, indicó la irregularidad de que las empresas adjudicadas, a pesar de encontrarse en mora, según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), seguían participando de los llamados.
También menciona el incumplimiento de condiciones legales y técnicas del pliego de bases y condiciones, la falta de criterio para la fijación de precios referenciales, con dictámenes sin fundamento técnico.
El dictamen emitido por la Comisión Especial no es vinculante, por lo que la decisión sobre el destino final de los contratos está en manos del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien ayer afirmó en la conferencia de prensa que aún no había tenido tiempo de leerlo, pero anunció la cancelación de todos los llamados a licitación que tienen objeciones. Señaló que se harán nuevos llamados en la modalidad de subasta a la baja electrónica.
El informe final de la comisión Giuzzio confirma que se montó un esquema para realizar compras fraudulentas de insumos médicos con recursos del Estado y que se intentó usar la emergencia del Covid-19 “para tapar acciones negligentes en nombre de la salud”.
No quedan excusas para seguir protegiendo a los funcionarios involucrados, al igual que a los proveedores comprometidos. La Fiscalía y la Justicia deben actuar con firmeza para dilucidar todos los actos delictivos y por sobre todo desarmar el esquema criminal que roba el dinero del pueblo. Hay que cortar de raíz la pandemia de la corrupción que mata al Paraguay.
