EFE
“Las personas privadas de libertad tienen que adaptarse a un sistema de amenazas y extorsiones, donde para acceder a agua, alimentos o posibilidad de higiene debe pagar un costo agregado”, afirmó Carlos Portillo, presidente del MNP.
Portillo presentó este lunes en el Congreso el informe anual del MNP correspondiente a 2014, en el que se constata la situación de hacinamiento de las prisiones.
El informe refiere situaciones como la de la cárcel de Ciudad del Este donde hay una población interna de 1.345 personas, en un penal de 450 plazas, lo que supone un hacinamiento del 300%.
Otro caso reflejado en el informe es el del penal de Emboscada, con capacidad para 315 personas y donde en enero de 2015 había 1.181 internos, incluidos presos en prisión preventiva.
Sobre la prisión preventiva, Portillo señaló que el 70% de la población carcelaria del país está en la cárcel sin haber sido sometida a juicio, mientras que el 30% restante fue condenada tras un proceso.
Además, entre los adolescentes privados de libertad hay un 90% en prisión preventiva y solo un 10% fueron condenados.
El presidente del MNP destacó la “ligereza” con la que se aplica la prisión preventiva, que calificó de “condena anticipada” y que en muchas ocasiones se aplica sin “fundamento”.
Aseguró además que se impone con más frecuencia a “personas de menos recursos o poblaciones vulnerables” que no tienen acceso a una defensa eficaz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el uso “abusivo” de la prisión preventiva en Paraguay, después de que la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) denunciara que 7 de cada 10 personas privadas de libertad no cuentan con sentencia.
El informe del MNP también resalta el caso de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, con un 30% de reclusos indígenas, el 91% de los cuales se encuentra en prisión preventiva y sin atención por parte de la defensa pública.
Además, en el penal de Coronel Oviedo perdieron la vida en 2014 dos indígenas “en contextos discriminatorios y abusivos”.
En otros casos, como el del Centro de Rehabilitación Social de Itapúa (sur), el MNP denuncia que funciona como “una estructura de recolección de dinero de las personas privadas de libertad para negociar condiciones, evitar castigos y traslados o tener comida y agua”.
En la cárcel de mujeres del Buen Pastor, en Asunción, el organismo aseguró que el 63% de las internas ingresó por causas vinculadas al tráfico ilícito de drogas, “sin diferenciar entre personas vinculadas al narcotráfico y aquellas atrapadas en el circuito de consumo ligado a la comercialización a pequeña escala”.
En el caso de centros de custodia de adolescentes infractores, el MNP registró situaciones de maltrato físico, verbal y emocional, así como de discriminación y muertes de reclusos en dos incidentes.
En abril de 2014, guardias del Centro Educativo de Itauguá dispararon sobre varios adolescentes, dos de los cuales fallecieron en el acto por impacto de balines de plomo.
En julio, otros dos adolescentes del mismo centro fallecieron electrocutados al intentar fugarse saltando la valla de seguridad del centro.
El presidente del MNP lamentó estas situaciones y pidió el esfuerzo de los poderes legislativos para recurrir con mayor frecuencia a opciones alternativas a la privación de libertad.
