La ejecución de obras viales en la ciudad de Caacupé se encuentra en riesgo ante la falta de acuerdo entre la Municipalidad y la Gobernación de Cordillera sobre los tramos a ser intervenidos en el marco del Plan 1000.
Los concejales Marcelo Portillo, Cristian Bedoya y Miguel Ortiz advirtieron que, si no se otorga de forma inmediata la autorización municipal para nuevos tramos, podrían perderse los 13 tramos originalmente asignados a la ciudad, que incluyen 1.000 metros de asfaltado y 1.800 metros de empedrado financiados por Itaipú Binacional.
En la nota elevada al Ejecutivo Municipal, expresaron su “profunda preocupación” y señalaron que “no se trata de números ni de trámites administrativos, sino de calles dignas, de mejorar la calidad de vida y no dejar pasar una oportunidad histórica para Caacupé”. Advirtieron además que, sin la conformidad correspondiente, las obras “se perderán” y la ciudad quedará sin un “progreso real y urgente”.
Por su parte, el intendente Diego Riveros rechazó las acusaciones y aseguró que la Municipalidad ya otorgó las autorizaciones correspondientes.
“La autorización del municipio ya fue remitida en el mes de octubre (del año pasado). Todo está en regla, todo está en condiciones”, afirmó.
“El único paso que falta es que se eche a andar la máquina y se comience a trabajar. Lo que la gente quiere son obras”, agregó y cuestionó a la Junta Municipal.
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“No se puede volver a declarar de interés distrital algo que ya fue declarado. Realmente me parece muy raro la forma en que están actuando”, prosiguió.
Disparidad en tramos a intervenir
El conflicto se centra en la definición de los tramos, mientras la Municipalidad insiste en ejecutar el sector “Alta Gracia”, que conecta con la ruta PY02 y la filial de la UNA, mientras que la Gobernación propone intervenir en 13 tramos alternativos que sí cumplen con las exigencias técnicas del programa.
Un informe técnico de la Fundación Ysapy señala que el tramo defendido por la intendencia requiere obras complementarias como drenajes, muros de contención, alteo de terraplén y la sustitución de un puente, que son trabajos no contemplados en el presupuesto del Plan 1000.
Debido a estas limitaciones, la alternativa planteada busca ejecutar la totalidad de los 13 tramos en sectores viables. Sin embargo, la falta de consenso mantiene paralizada la ejecución.
El caso se da en un contexto de creciente tensión política a pocos meses de las elecciones municipales de 2026, donde ya se perfilan candidaturas y se intensifican los cuestionamientos a la gestión del Ejecutivo comunal.
La situación genera preocupación en los lugareños, que desde hace años reclaman mejoras en calles deterioradas, en una ciudad clave para el turismo religioso por la Basílica de Caacupé.
Mientras las posturas siguen enfrentadas, el tiempo corre y la posibilidad de perder la totalidad de las obras permanece latente.
