Por Edgar Medina
CIUDAD DEL ESTE
Por cohecho pasivo agravado denuncian a la jueza Cinthia Garcete y al fiscal Alcides Giménez, quienes supuestamente recibieron G. 150 millones cada uno para otorgarles arresto domiciliario a once policías procesados por homicidio doloso. Ambos señalaron que las diligencias están documentadas y pueden ser auditadas, al dar su versión, reservándose en referirse a cuestiones que no están en el expediente.
La denuncia fue presentada por Mario Espínola Rojas, de la localidad de Puerto Irala.
El caso refiere a un expediente sobre homicidio doloso derivado de un procedimiento policial registrado el 19 de noviembre de 2022, de cuya consecuencia perdieron la vida Alex Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia y Gloria Yetsica Espínola Cáceres.
El escrito sostiene que la jueza orquestó un plan con el fiscal para otorgarles el arresto domiciliario a los policías recluidos entonces en la Agrupación Especializada, a cambio de recibir G. 150 millones cada uno. Para el efecto, la fiscala Vanesa Candia fue apartada con una recusación, porque no estuvo de acuerdo en que la investigación quede con su colega Giménez, según la denuncia.
El denunciante señala que una abogada se enteró del plan a través de su defendido, uno de los policías, y comentó el hecho al querellante Mauro Barreto. La abogada, cuya identidad fue omitida por el denunciante, se molestó porque le rechazaron el pedido de arresto domiciliario a su defendido, pero 24 horas después solicitó la revisión y le concedieron, sin que haya variado la situación procesal, sigue diciendo la denuncia.
Espínola Rojas mencionó que el plan se concretó en el estudio jurídico del comisario retirado Ángel Gabriaguez, quien unió a todos los policías presos para poder conseguir la medida.
AUDITABLE. “Todas nuestras actuaciones están en la carpeta fiscal y el expediente, son auditables. La resolución de la jueza de Garantías fue confirmada en la Cámara de Apelaciones, pero en chismeríos no me voy a meter, mucho menos en cuentos de hadas”, señaló el fiscal Giménez al dar su versión sobre el caso.
Mientras que la jueza Penal de Garantías refirió que va a esperar acceder a una copia de la denuncia para dar su versión y defenderse penalmente. Comentó que el abogado Barreto ni siquiera participaba en las audiencias, ni en los peritajes, pero que se reservaba el derecho de accionar contra quienes lo denunciaron ante el Ministerio Público.
DILIGENCIAS. El denunciante pidió que se traiga a la vista la carpeta fiscal y el expediente judicial, se llame a indagatoria a los denunciados y a testificales al abogado Mauro Barreto, Ricardo Colina Silvero, Enrique Javier Ocampos, Vanesa Candia, Ángel Gabriaguez y todos los policías imputados.
El comisario Gabriaguez por su parte señaló que no se dedica a la profesión de abogado, que solo conoce a los policías por las publicaciones que se realizan en los medios, incluyendo su radio. “Probablemente se equivocaron”, dijo al dar su versión.