No solo en su fecha, siempre. Aunque hace dos días fue recordado el Día Internacional de los Pueblos Indígenas las palabras de conmemoración y los actos no cubren las deudas que el Estado tiene con este sector de la población.
Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) detallan que la población indígena en el país es de 140.039 personas. Los cinco departamentos con más cantidad de habitantes originarios son Boquerón, Presidente Hayes, Canindeyú, Caaguazú y Amambay.
Las estadísticas del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), correspondientes al 2024, detallan que tres de cada cuatro mujeres indígenas paraguayas de 20 a 24 años estaban casadas o en unión.
Dicho estado civil ya iniciaba antes de cumplir 18 años. Añade que el 10% de las adolescentes indígenas entre15 y 19 años han tenido al menos un hijo.
Nota relacionada: La tuberculosis afecta de forma desproporcionada a pueblos indígenas en Paraguay, revela estudio
Desde la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPY) señalan que en muchas ocasiones el embarazo infantil es a causa de violaciones y que ello no puede ser justificado desde ninguna cultura.
Otra deuda para con las mujeres indígenas de parte del Estado tiene que ver con la educación. La realidad en esta área indica que cuatro de cada diez habitantes femeninas de los pueblos originarios no saben leer ni escribir.
Desde el 2018 la articulación ha contabilizado homicidios en al menos 10 casos de adolescentes y niñas que fueron asesinadas por ser mujer. En varias de estas muertes, aparecen signos de haber sido violadas para posteriormente ser tiradas a los yuyales.
Por su parte, el boletín Niñez y Adolescencia en el Chaco Paraguaya, lanzado recientemente por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) dio detalles sobre este sector de la población originaria en la Región Occidental.
Los datos de dicha organización no gubernamental señala que siete de cada 10 niños y adolescentes de dicha zona no culminan la educación secundaria. Ello muestra las brechas de acceso a derechos en una de las regiones más diversas y desafiantes del país. Visibiliza también que la niñez y adolescencia del Chaco necesita políticas públicas que respondan a su realidad.
