@lizanalia
En entrevista con ÚH, la comisionada del Mecanismo de Prevención de la Tortura, Claudia Sanabria, explicó de que en Paraguay, el adulto mayor sufre la falta de apoyo de la familia, la sociedad y del Estado, sumado a las trabas en la justicia y el aislamiento que terminan dañando la salud y la dignidad, aumentando el riesgo de mortalidad.
–¿Cómo proteger los derechos del adulto mayor?
–Como sociedad en su conjunto, Paraguay requiere hacer un alto y repensar a la vejez como una etapa del ciclo de vida que debe ser valorada, haciendo visible el aporte de los adultos mayores. Ser adulto mayor no implica cumplir una edad, sino que es una construcción social, histórica, jurídica y, por ello, la sociedad juega un papel importante.
De acuerdo con la Ley, se es adulto mayor a partir de los 60 años; no obstante, cada persona tiene un ritmo distinto, singular, y podría no sentirse identificado por el solo hecho de alcanzar esta edad.
En la sociedad se usan términos como “abuelo”, “anciano”, “sexagenario”, en cambio en un lenguaje más respetuoso, debería usarse el término “adulto mayor”.
–¿Se necesita cambiar?
–Se requiere cambiar la visión respecto al adulto mayor, pasando de considerarlo como un destinatario de acciones benéficas o simple protección, a considerar su estatus de sujeto de derechos, de persona en igualdad de condiciones que las demás, propiciando un espacio en los distintos ámbitos: cívico, social, económico, político, cultural.
Es decir, valorar, dignificar y abrir espacios que los incluyan y reciban todo el potencial que llevan desde sus voces, trayectorias, experiencias, vivencias.
Desde el MNP (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura), como órgano estatal de control de la garantía de derechos puedo decir, sin duda, que existen distintos niveles de responsabilidad en protección de derechos del adulto mayor.
Un nivel es la familia, considerada por la Constitución como responsable y facilitadora de derechos en primer término. Es el entorno por excelencia para el desarrollo de la persona y cada uno de los miembros tiene responsabilidad.
Luego la sociedad, que tiene un rol relevante para permitir que ese envejecimiento sea con participación y respeto hacia el adulto mayor en los distintos espacios de la vida. Integrar y acompañar esta etapa de la vida de una manera respetuosa, acompañando el rol familiar desde los espacios comunitarios y sociales.
Y por último, el Estado, responsable directo y garante de derechos en el sentido más amplio.
–¿Qué derechos deben protegerse?
–La promoción de derechos, que está a cargo del Estado, es transversal a educación, salud, vivienda, trabajo, cultura. Por poner un ejemplo, en salud, la promoción del bienestar y el envejecimiento saludable, tiene su arraigo en el seguimiento al desarrollo de la persona a lo largo de su vida para instalar hábitos saludables.
El Estado es responsable y debe generar un sistema que tenga en cuenta a los adultos mayores para sostener el bienestar de acuerdo a las características de la población.
Si bien actualmente se cuenta con la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, que representa el 25% del salario mínimo, este debería ser una de un conjunto de prestaciones del Estado que logren cubrir la integralidad de la persona.
El Estado debe de disponer de los recursos necesarios que protejan, promuevan y garanticen los derechos de las personas adultas mayores desde sus singularidades y como colectivo social.
–¿El adulto mayor tiene acceso efectivo a la Justicia?
–El acceso a justicia presenta sus desafíos y es posible describir algunas situaciones para caracterizar las barreras:
Pensando en un adulto mayor que se encuentra en un hogar, y requiere acceder a la Justicia, ya sea para iniciar un proceso judicial para complementar su capacidad (antes llamada curatela), dependerá de los responsables de la entidad o de sus familiares (si le visitan) para contar con la representación requerida y a partir de allí, del acceso a la Justicia.
Otras situaciones frecuentes tienen que ver con situaciones de malos tratos al interior de hogares. En estos casos, si el mismo no cuenta con un canal accesible de queja o mecanismo para actuar, queda impune y no hay acción.
–Y, ¿a una vida digna?
–Respecto a la vida digna, es posible revisar los datos de población en contraste con la cobertura de políticas públicas dirigidas al sector. De los 772.998 adultos mayores (INE, 2024), actualmente unas 375.000 personas cobran la Pensión para Adultos Mayores, según datos del Ministerio de Desarrollo Social.
La brecha de cobertura es de casi la mitad sobre el dato de total de población.
Aun así, la idea de una política de protección social debería acercarse más a una oferta que piensa e incluye al total de la población de adulto mayor mirando esta etapa de la vida.
–¿Entonces, es una población vulnerable?
–Es una población “vulnerada” y con esto señalo que esa condición de fragilidad la aporta justamente el medio, el Estado, la sociedad, las familias, cuando no se aplican medidas y se incumple el rol hacia ellos.
La vulnerabilidad asociada a la vejez por el deterioro físico, cognitivo o patrimonial, son condiciones que deben ser abordadas y con el diseño de políticas públicas claras y el presupuesto necesario, se eliminan barreras y se brinda fortaleza a esta etapa para un envejecimiento con bienestar.
–La burocracia ante la Justicia es un maltrato?
La burocracia y cualquier otra acción u omisión por parte de cualquier institución pública puede ser considerada maltrato y violencia institucional.
Esto genera una doble vulneración de derechos, el adulto mayor que ya se encuentra en una situación de vulneración se enfrenta a pasar por una situación que le denigra, que le desprotege.
–¿Son invisibles? ¿Cómo afecta la “muerte social”?
La invisibilidad acelera el deterioro de la persona, esto está avalado por la ciencia, así en el estudio de la OPS (2025). Algunos estudios como los meta-análisis realizados por Holt-Lunstad, que mostraron cómo la soledad y el aislamiento social aumentan el riesgo de mortalidad.
Otro estudio demostró que el aislamiento social se ha asociado con un aumento del 29% en riesgo de mortalidad por todas las causas y un aumento del 25% en el riesgo de mortalidad por cáncer.
–¿Tiene el MNP atribuciones para ayudar al adulto mayor?
–El MNP realiza visitas de monitoreo a Hogares de Adultos Mayores públicos y privados, con el propósito de verificar las condiciones de vida y garantía de derecho.
Los principales hallazgos han sido la ausencia de políticas de protección social que brinden cuidado a las personas en este ciclo de la vida, lo que las hace más vulneradas y las expone a la institucionalización.
También, la persistente debilidad de la Dirección de Adultos Mayores del Instituto de Bienestar y el enfoque del adulto mayor como objeto.
Las principales recomendaciones fueron el de fortalecer el rol de la Dirección de Adultos mayores para orientar, acompañar y fiscalizar los Hogares; y brindar formación específica de manera regular a los directivos y responsables.
- “Se requiere cambiar la visión respecto al adulto mayor, pasando a considerarle sujeto de derechos en igualdad de condiciones”.
- “Estudios mostraron cómo la soledad y el aislamiento social aumentan el riesgo de mortalidad y de mortalidad por cáncer”
Claudia Sanabria
Doctora en Ciencias Jurídicas, máster en Derecho de Familia e Infancia y en Globalización, Cooperación y Desarrollo por la Universidad de Barcelona. Experta en Políticas Sociales de Infancia. Es comisionada nacional y ex titular del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
