La Defensoría del Pueblo promovió un total de 1.438 acciones de amparo constitucional entre mayo de 2025 y agosto de 2026 para el acceso a medicamentos, principalmente, para personas con distintos cuadros médicos que no tienen garantizado el servicio por el Ministerio de Salud.
Este número refleja la situación sanitaria en la que se encuentra el país, justo en medio de las protestas del gremio médico que reclama que en los hospitales no se cuente con medicamentos, insumos ni infraestructura, además de exigir un reajuste salarial y mejores condiciones laborales.
La Defensoría del Pueblo detalló que en 2025 se llevaron adelante 888 amparos constitucionales, entre mayo y diciembre, y en el 2026, 550 amparos, entre enero y agosto.
La institución estatal protectora de derechos humanos explica que el amparo constitucional es una de las herramientas previstas por el ordenamiento jurídico para brindar una respuesta rápida ante situaciones en las que derechos fundamentales se encuentran amenazados o vulnerados, especialmente cuando está en riesgo el derecho a la salud.
Los amparos se promueven cuando una persona requiere un medicamento, insumo, tratamiento, procedimiento o estudio médico que no obtiene en el sistema público de salud, lo que le puede generar un riesgo para su salud o su vida. La Defensoría del Pueblo analiza la documentación como los informes, diagnósticos médicos y las indicaciones del profesional tratante.
Recién desde este año se estableció que el amparo será promovido no por la marca del medicamento, sino por el compuesto, al igual que los insumos.
En su mayoría, los medicamentos requeridos son para tratamientos oncológicos. A principio de este año, el defensor del Pueblo, Rafael Ávila, alertó de un aumento considerable de pedidos de amparo.
“Lo que nos llama la atención es la cantidad de amparos que estamos recibiendo en este primer mes del año. Es prácticamente el doble en comparación con el primer mes del 2025. Son 15 aproximadamente contra el IPS y el resto contra el Ministerio de Salud”, manifestó Ávila.
El Senado está en pleno proceso de selección de terna para defensor del Pueblo y defensor del Pueblo adjunto, que debe definirse este año.
En ese proceso, algunos referentes hicieron crítica al amparo como forma de acceder a medicamentos.
El senador cartista Javier Zacarías Irún indicó que no es una buena propuesta para un candidato. “Resolver con amparos el problema de la salud de personas que son asistidas por la Defensoría no es la solución. Si hay un problema que se repite es un problema de fondo que la Defensoría debe resolver”, expresó.
Ávila admitió que existe una deficiencia latente de salud pública por parte del Estado y que para muchas personas la atención es prácticamente inaccesible. “Hoy estamos con una deficiencia del Estado, por lo que tenemos que llegar a una acción judicial para que ese trámite, que es obligatorio, se cumpla a través de una medida judicial porque, caso contrario, la persona no podría optar por ese medicamento y no tendría forma de garantizar ese tratamiento”, afirmó.
