La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado prosiguió este jueves con la audiencia pública de candidatos para la Defensoría del Pueblo, instancia en la que los postulantes propusieron desde mecanismos de fortalecimiento institucional, dotado de tecnología, cercano a la ciudadanía y hasta se presentó un proyecto legislativo que amplía el alcance de su intervención en los casos de vulneración de derechos.
El abogado Walter Agustín Olmedo fue el primer postulante en presentarse. Recordó que fue intendente de José Falcón, Departamento de Presidente Hayes, y luego concejal, pero omitió que además está buscando un cuarto mandato en la Junta Municipal en las elecciones del 4 de octubre.
El candidato mencionó que estos cargos le permitieron conocer la situación de personas en situación de vulnerabilidad y que ameritan la atención del Estado. Propuso el análisis de la funcionalidad de la estructura orgánica de la Defensoría del Pueblo y reorientar los esfuerzos para los sectores que más necesitan.
Basilia Martínez Espínola se presentó como hija de perseguido de la dictadura. Trabajó 27 años en la Corte Suprema de Justicia y luego en el Ministerio de Defensa Pública. Defendió sus estudios académicos, alegando que nadie la ayudó en la obtención de títulos. “Yo tengo títulos legales que yo me gané con mis sacrificios”, defendió. Planteó que el Estado se haga cargo de los gastos de manutención cuando los padres deudores no cumplen con su responsabilidad.
Alberto Daniel Rivero describió una larga trayectoria en la función pública. Propuso una reestructuración y modernización con defensorías regionales en San Pedro, Concepción y Caaguazú; la erradicación de la burocracia de papel con la digitalización y una institución que funcione 24 horas los siete días de la semana.
Así también pidió un blindaje presupuestario para la Defensoría del Pueblo mediante un porcentaje fijo orientado a la institución. “Les pido respaldar este proyecto de reforma, pasemos de la queja a la acción y devolvámosle al pueblo paraguayo el escudo protector que la Constitución les prometió”, expresó.
Seguidamente debía presentarse Miguel Ángel Stampf, de afiliación liberal, pero se ausentó sin justificación.
Nelson Manuel Morínigo, quien fue funcionario de la Defensoría, planteó mejorar el presupuesto para hospitales sensibles ante la lluvia de pedidos de amparos que desangran el presupuesto general. Considera viable solicitar a las empresas que apadrinen una farmacia social en las cabeceras departamentales: “una farmacia social del pueblo”.
Propuso crear una guardería para personas con discapacidad con recursos del empresariado y de organizaciones internacionales. Planteó el uso de inteligencia artificial y que la Defensoría se convierta en la incubadora de proyectos de leyes de iniciativa popular. Así también mencionó que pondrá atención en el debido proceso de las personas privadas de libertad.
Por otro lado, dijo que la Defensoría es un órgano de consulta sin legitimación activa debido a una barrera con la Ley 631, que considera que “está totalmente anacrónica” y que ni siquiera establece funciones claras para el defensor adjunto. En ese sentido, adelantó que independientemente a los resultados de la designación, entregará su proyecto de ley.
Francisco Javier Recalde también propuso descentralizar el funcionamiento de la Defensoría, con atención en la calle. Dijo que trabajará contra el abuso de la Policía Municipal de Tránsito, que tiene la mala costumbre de usar las multas como cajero automático y no para poner orden. Considera una prioridad tratar a grupos indígenas y extranjeros, que generalmente no acceden a los servicios de la institución.
Lucía Amarilla, una funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, habló de fortalecer el proyecto de digitalización y el seguimiento en línea de las acciones emprendidas por la ciudadanía. Resaltó que el 62% de las denuncias se enfocan en Asunción, siendo salud el área más afectada.
Planteó en ese sentido fortalecer las delegaciones que ya existen y aprovechar las gobernaciones, municipalidades e instituciones educativas. Llamó a “pasar del reclamo individual a la solución estructural”, refiriéndose a los amparos judiciales para acceder a medicamentos. Al respecto, cree que se debería trabajar en la detección de patrones y soluciones de los problemas. En su caso mencionó que antes de pedir más presupuesto, se debe analizar cómo se puede trabajar con lo que ya se tiene.
Miguel Ángel Marecos Chamorro, conocido dirigente gremial y actual director de la Escuela Nacional de Educación Física, comentó que durante su carrera trabajó como negociador. “En toda mi trayectoria de 40 años dentro del magisterio nacional y la función pública nunca llego en primavera, siempre las autoridades de turno me han pedido ser interventor”, expresó.
Trabajó en el levantamiento de la toma del Colegio Nacional de la Capital hasta en los problemas con cocinera del programa Hambre Cero y kits escolares con padres de estudiantes.
Destacó el programa de alimentación escolar del Poder Ejecutivo y pidió blindar un salario digno para los docentes.
Osvaldo Battilana mencionó su recorrido por el Congreso Nacional desde 1999 cuando trabajó como ordenanza hasta el cargo de director general jurídico del Congreso. Se considera un abogado, político y defensor de los más humildes y necesitados.
Para Battilana, el defensor del Pueblo debe ser un verdadero actor político. Hizo énfasis en la salud pública, en buscar mecanismos a través de conductos constitucionales y legales en favor de la ciudadanía. Aunque advirtió que siempre habrá un choque de derechos, dijo que los derechos humanos estarán siempre por encima de los demás.
Pablo Ramón Méndez es el único médico que figura entre los postulantes. Es funcionario del Ministerio de Salud con 25 años de antigüedad, “desde las trincheras de los hospitales de los quirófanos en diferentes partes del país, luego como director general de descentralización en salud”, según detalló. Actualmente es asesor de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social.
Habló de tres ejes si llega a ser designado en el cargo, defendiendo una Defensoría descentralizada y cercana, con delegaciones en cada departamento del país; una Defensoría preventiva y de gestión con vigilancia preventiva para evitar violación de derechos. Asimismo comentó que impulsará una institución con perfil técnico con médicos y trabajadores sociales, porque considera que los problemas ciudadanos no son solamente jurídicos.
“Mi compromiso es ejercer el cargo con independencia, austeridad y vocación de servicio garantizando los derechos de los ciudadanos paraguayos, especialmente de los más vulnerables”, alegó.
No hubo pregunta para los candidatos, pero el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Javier Zacarías Irún, compartió algunas intervenciones durante la audiencia.
Felicitó a Nelson Morínigo por plantear soluciones más allá de los amparos judiciales. “El día que la Defensoría del Pueblo no tenga que hacer más amparos para conseguir más medicamentos a las personas que tienen derecho a tener es el día que hemos ganado, es el día que hemos mejorado. El tema no es hacer los amparos, el tema es que la Defensoría del Pueblo se preocupe y se ocupe de generar las condiciones que esos medicamentos no le falte más a la población, a eso debe apuntar la Defensoría del Pueblo y ese debe ser el objetivo de la Defensoría del Pueblo”, sostuvo.
