“Las exigencias de renovación de permisos sin licitación pública y aumento del margen de ganancia bajo amenaza de paro son contrarios a la legalidad y a los intereses de la ciudadanía”, expresa en un comunicado.
En torno a la defensa irrestricta del interés público, la Defensoría expone que insta al Gobierno a que defienda “sin titubeos” el interés público ante las acciones calificadas de desmedidas. El chantaje como método de negociación es inaceptable y socava la integridad del servicio de transporte, vital para la movilidad y calidad de vida de los ciudadanos, según criterio de la oficina de defensa de los intereses del pueblo.
Además, formula un llamado urgente a la acción judicial, para que la Fisclaía actúe “con celeridad y contundencia” frente a las denuncias presentadas por la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) y a investigar de oficio las prácticas ilegales de Cetrapam, de acuerdo con el comunicado.
Una verificación rigurosa de las condiciones de seguridad también está entre los ítems de la Defensoría: “Demandamos a las autoridades municipales que realicen inspecciones sorpresivas durante todo el año para asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad en todas las líneas de transporte público”, solicitan.
