Recordemos que ambos habían sido condenados a la misma sanción el pasado 4 de enero, en el juicio oral, y ya se encuentran privados de su libertad en el Penal de Tacumbú.
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, en su recurso de apelación especial, solicitó la nulidad del fallo y un nuevo juicio oral; o, en su defecto, por decisión directa, la absolución de culpa y reproche de Robles.
El profesional cuestionó la logicidad de la sentencia. Esto, porque señalan que en la segunda rendición de cuentas, el 2 de julio del 2021, se realizó en un local supuestamente denominado el “búnker” de Robles, cuando que el local se alquiló recién en el mes de agosto de 2021.
Además, alega que violan la sana crítica, cuando dicen que era imposible que se inicien los trabajos antes de febrero del 2021, porque recién ese mes se pudo cobrar el anticipo. “Todo el mundo sabe que en el Estado los pagos son con retraso”, por lo que bien se puede iniciar los trabajos mucho antes, sostuvo Duarte Cacavelos.
Igualmente, afirmó que en principio, la Fiscalía dijo que no existían las obras de la Gobernación de Central, pero luego, cuando se probó que sí existían, dicen que fueron pagados con otros fondos.
Es más, la misma Contraloría reconoció la existencia de las obras, porque las fiscalizó, “por ende, no se puede sostener de forma alguna que existen ‘dudas’ de que existen las catorce obras”, acota.
También critica que la máxima pena, según el tribunal, que podían condenar a Robles era 11 años y 6 meses, y le dieron 10 años, mientras que a Hugo Javier González, cuya máxima pena iba hasta los 15, según los jueces, le dieron también 10 años.
Alega que los jueces dijeron que la Gobernación incumplió la normativa de que los cheques debían ser depositados en una cuenta. “En la acusación, claramente se expuso la identidad de las personas que retiraron los cheques, los cuales se presentaron en ventanilla del BNF y qué hicieron con el dieron en efectivo y a quién entregaron el total”, apunta.
Remarca que lo que dicen los jueces no es fundamentación suficiente sobre la existencia del perjuicio patrimonial, son versiones de testigos, que ni siquiera ostentan el grado de indicios. Al final, piden anular el fallo y que se realice otro juicio.
