“Tenemos la obligación y el firme compromiso de hacer cumplir la ley y defender los intereses de las Fuerzas Armadas y de todos los paraguayos”, dice el texto.
Se trata de un escándalo de proporciones que sacude al Gobierno de Santiago Peña porque uno de sus principales operadores en el Senado, Basilio Núñez, es el promotor principal en el Congreso de la ley de desafectación que el presidente de la República prometió vetar. Núñez maniobró para que el proyecto tenga sanción ficta en la última sesión de la Cámara Alta, pero ante el escándalo desatado, Peña se vió obligado a intervenir y decir públicamente que iba a vetar la ley.
PGR. Por otra parte, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, anunció que tomará medidas para recuperar las tierras del Ministerio de Defensa que están en manos de “invasores vip”. Dijo que se están reuniendo las documentaciones para empezar a accionar contra los ocupantes de Remansito, ya que solamente falta confirmar algunos datos.
Hoy se reúnen. Anoche el procurador emitió un comunicado señalando que su institución está coordinando con el Ministerio de Defensa los lineamientos para lograr una estrategia jurídica a fin de “velar por los intereses de todos los paraguayos” y menciona que hoy se reunirán en ese sentido. “Estamos reuniendo toda la documentación para dar a conocer los pasos que vamos a dar”, precisó el procurador, quien agregó que se emplearán varios recursos jurídicos para recuperar la propiedad.
“Vamos a defender con firmeza los bienes del Estado”, resaltó González, quien no quiso dar más detalles de las acciones que se emprenderán desde la Procuraduría para que las tierras vuelvan ser del Estado.
Mencionó que se está juntando toda información posible para definir la estrategia procesal. “Vamos a usar todos los recursos que correspondan”, dijo al ser consultado si se solicitará alguna medida cautelar. “Solo nos faltan confirmar unos datos”, añadió el procurador.
Las senadoras de la oposición Yolanda Paredes y Kattya González señalaron que la PGR debe intervenir en el caso. Paredes sostuvo que la Procuraduría es la que tiene la legitimación activa para intervenir, alegando que no cualquiera puede presentarse en nombre del Estado.
“La Procuraduría nunca hizo nada. Es un cargo de figuretti”, criticó. “De hecho, es competencia de ellos hacer una denuncia penal. No se puede usucapir tierras del Estado”, sentenció.
“Entiendo que para restituir el inmueble a manos de las FFAA, hay dos caminos a través de la Fiscalía por el procedimiento de invasión de inmueble; si optan por el procedimiento de la reivindicación de inmueble sería civil, y ahí interviene la Procuraduría como demandante”, indicó por su parte Kattya González.
La misma también dijo que se debe utilizar la ley impulsada por Fidel Zavala y Enrique Riera para proceder como en cualquier invasión de propiedad. A criterio del abogado Manuel Riera Escudero, el procurador primeramente deberá solicitar una medida cautelar de prohibición de innovar y pedir la posesión de las tierras.
