EFE
El comisario del Grupo Especial de Operaciones (GEO) afirmó que aquel día estuvo al frente de un contingente compuesto por policías de este grupo, acompañando a cuatro pelotones antimotines, 27 efectivos de la policía montada, 60 del personal de Orden y Seguridad y otros 8 de la Fuerza Operativa Policial Especializada (FOPE).
La matanza de Curuguaty, que dejó 11 agricultores y 6 policías muertos, ocurrió el 15 de junio de 2012 cuando unos 340 policías rodearon a un grupo de manifestantes campesinos y llevaron a cabo un violento desalojo.
Once campesinos están siendo juzgados por los hechos, mientras que no hay ningún policía imputado por la muerte de once labriegos durante el desalojo.
El grupo de Gamarra ingresó desde el sur a una estancia ocupada por campesinos que protestaban pidiendo que se incluyeran esas tierras en la reforma agraria estatal para iniciar un desalojo, una operación que según dijo este martes en el juicio, la Policía llevaba preparando desde meses atrás.
Otra columna, comandada por el comisario Lovera, jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) fallecido durante el tiroteo, ingresó desde el norte, explicó Gamarra.
Fue desde la zona norte donde se iniciaron los disparos que acabaron con la vida de seis policías y once labriegos, justo en el momento en que Gamarra se encontraba en la zona sur tratando de establecer un acuerdo con un grupo de alrededor de 30 campesinos que ocupaban la estancia, según declaró.
Gamarra explicó que algunos de los campesinos portaban “armas largas”, aunque descartó que dos de los acusados, Lucía Agüero y Felipe Benítez, llevaran armas de fuego.
Además de Gamarra, en la sesión de este martes prestó declaración el comisario Nelson Zaracho, quien dijo que el tiroteo duró entre 25 y 30 minutos.
El último testigo fue el comisario Alcides Velásquez, quien dijo reconocer a algunos de los acusados por haberlos visto en visitas a la estancia, anteriores al momento de los hechos.
Además de estos testigos, estaban citados a declarar los policías del GEO Jorge Rodas, Gerardo Villalba, Elizardo Vázquez, Carlos Belotto y Carlos García, pero ninguno de ellos se presentó ante el Tribunal.
Ante estas ausencias, el Tribunal decretó la suspensión del juicio, que se retomará este miércoles en la mañana.
La masacre sirvió de base al entonces opositor, y ahora gobernante, Partido Colorado para impulsar un juicio político contra el entonces presidente Fernando Lugo, quien fue destituido una semana después en un juicio parlamentario que duró 24 horas.
Organizaciones internacionales como el Mercosur, la Unasur y la OEA alertaron de “irregularidades” cometidas durante el proceso de destitución. Y una decena de países de la región retiró a sus embajadores de Paraguay en protesta.
Por la muerte de los seis policías están acusados nueve campesinos, mientras que dos de ellos están imputados por invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, y otro más por “frustración a la persecución penal” al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentar auxiliar a uno de los heridos.
El fiscal que dirigió la investigación sobre el caso, Jalil Rachid, asumió la semana pasada como viceministro de Seguridad, lo que provocó el rechazo de varias organizaciones sociales que temen que este nombramiento comprometa la independencia de las declaraciones de los testigos policiales.
