20 abr. 2026

Dan arresto domiciliario a funcionario por falsificar fallos

25582824

Operativo. Comitiva fiscal en el allanamiento a sede judicial.

GENTILEZA

La jueza Clara Ruiz Díaz otorgó arresto domiciliario a Raúl Guerrero Ugarte, dactilógrafo del Poder Judicial, imputado por acceso indebido a datos, producción mediata de documentos no auténticos y otros, por supuestamente falsificar resoluciones y fallos judiciales.

Guerrero Ugarte es funcionario del Palacio de Justicia de la ciudad de Caacupé y fue detenido el pasado 13 de octubre, junto al ujier notificador Randolf Carlos Daniel Gaona Presentado, que cumple funciones en la secretaría del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, de la capital.

Los dos funcionarios judiciales fueron detenidos en las sedes de Asunción y Caacupé, tras una serie de allanamientos realizada por la supuesta falsificación de siete resoluciones judiciales y una constancia de trabajo, según la denuncia del Poder Judicial.

La investigación de la Fiscalía es por los supuestos hechos de alteración de datos mediante sistemas informáticos, producción de documentos no auténticos, acceso indebido a sistemas informáticos, uso de documentos no auténticos y manipulación de graficaciones técnicas. La falsificación fue detectada por la Dirección de Expedientes Electrónicos y fue puesto a conocimiento del presidente de la Corte, César Diesel, quien dio intervención a la Fiscalía.

Más contenido de esta sección
En México, empezó a circular un video que, en principio, se relaciona con la muerte de una joven conocida como Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, víctima de feminicidio. Lo llamativo del caso es que, según internautas, supuestamente el hombre que aparece en el video es el juez paraguayo Humberto Otazú, quien salió a desmentir haber viajado a suelo mexicano.
El Tribunal de Apelación de Crimen Organizado confirmó la pena de 21 años de cárcel y 9 años de medidas de seguridad para Armando Javier Rotela, además de ratificar las sentencias para los demás procesados, por el tráfico de drogas y armas desde el penal de Tacumbú. Fue decisión unánime de los camaristas.
Ante el magistrado Humberto Otazú, comenzó la preliminar para los acusados por uno de los casos de la mafia de los pagarés, relacionado con la asociación de funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). Respecto al juez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, se suspendió porque asumió un nuevo abogado.
Expertos consideran que “estamos ante una política judicial que criminaliza la pobreza”, mientras personas de poder condenadas pasan sus días sin preocupaciones en sus casas. Los procesados por simples delitos con prisión preventiva a nivel nacional (3.152) llenan tres penitenciarías.
Según el juez Matías Garcete, la clave está en la justicia restaurativa, un modelo que prioriza la reparación del daño y educa al adolescente antes que dar una respuesta represiva. Esto requiere evaluación caso por caso.
No solo la ciudadanía en general sufre los ataques de ciberdelincuentes; también los gerentes de hasta multinacionales caen en los engaños de atacantes, que siguen perfeccionando el fraude.