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Cuatro administraciones del MEC no logran concluir obras escolares

El proyecto para reparar 676 escuelas por USD 73 millones se inició en 2014. Las adjudicaciones irregulares, el desorden entre el MEC y municipios, y ahora con fiscalizadores, son algunas trabas.

De las 7.500 instituciones educativas del sector público en todo el país, el MEC –en el 2014 denominado Ministerio de Educación y Cultura– encaraba un ambicioso proyecto para realizar 676 refacciones o construcciones en todo el territorio nacional. En ese entonces, el 80% de los centros escolares se encontraban en pésimo estado.

El costo inicial de las obras en ese paquete ascendía a USD 73 millones. En la actualidad ese monto podría aumentar, teniendo en cuenta que se considera la posibilidad de volver a llamar a nuevos fiscalizadores por el tiempo ya transcurrido sin llegar a los objetivos.

Con Marta Lafuente como titular de la entidad, el primer tropiezo que encontraron fue la falta de oferentes, supuestamente por el poco atractivo de encarar tareas de infraestructura en zonas tan lejanas.

“Pretendemos incidir en la historia de la infraestructura escolar”, decía la ex ministra un abril del 2016, luego de dos años de la aprobación del programa por parte del Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación (FEEI).

Terminó su periodo tras una revuelta estudiantil al mes siguiente y fue sucedida en el cargo por el ex intendente asunceno y actual senador cartista, Enrique Riera.

El proyecto, que supera los G. 400.000 millones, siguió su curso y el hoy parlamentario adjudicó todo un paquete a una proveedora de alimentos en setiembre del 2016.

Asimismo, otra de las firmas estaba en ese entonces llena de irregularidades y con problemas legales con Contrataciones Públicas.

Una vez que los casos se dieron a conocer, a Riera, conocido también por instar a sus docentes a votar por él en las pasadas elecciones, no le quedó otra que anular las adjudicaciones.

Finalmente, tres años después de disponer de los recursos provenientes del FEEI, Riera aprobó las adjudicaciones en junio del año pasado. El contrato establecía que los trabajos debían prolongarse por 270 días, unos nueve meses. Teniendo en cuenta las paladas iniciales, las construcciones debieron concluir entre mayo y agosto pasados.

Excesivos retrasos. Los 270 días se cumplieron en mayo de este año y los lotes adjudicados a 14 empresas locales presentaban un avance de apenas el 30%.

Uno de los reclamos de la administración del entonces ministro Raúl Aguilera –quien sucedió a Riera– era que los municipios del interior no aprobaban los planos para avanzar en las refacciones y construcciones, un requisito obligatorio en cada distrito, según normativas.

Además, también está la responsabilidad del sector privado, pues el MEC supuestamente iba a cancelar el contrato con tres empresas constructoras por incumplimiento de lo pactado entre las partes.

En ese sentido, la Secretaría de Estado responsabilizó también a las firmas privadas por estos atrasos.

Eran compañías como Proel Ingeniería, que apenas tenía un 5% de tareas iniciadas.

Situación presente. En la actualidad, nuevamente hay dramas con las empresas privadas, pues sumado al excesivo atraso de las constructoras, que alegan problemas climatológicos o de caminos, se suma una puja con las siete fiscalizadoras contratadas por más de G. 21.000 millones.

El actual titular del ministerio, Eduardo Petta, asegura que las empresas incumplen contrato al dejar de fiscalizar las obras, pues existe una cláusula que indica que los controles deben ir hasta que se terminen por completo las obras.

Plantea una demanda legal si es que los consorcios se niegan a seguir con las verificaciones. Las compañías sostienen que para seguir en terreno necesitan USD 800.000 más por encima del contrato firmado el año pasado.

Para el ingeniero metalúrgico Walter Bogarín, ex viceministro de Industria, si bien hay responsabilidades compartidas, tanto el sector público como el privado son “víctimas de una enorme burocracia”. El experto fue parte de una mesa técnica que analizó en el Consejo del FEEI el proyecto antes de ser lanzado al público.

“Otro error fue contratar primero a las constructoras y luego a las fiscalizadores, cuando estos segundos deben controlar todo el terreno”, explica. Dice que las paladas se iniciaron en el 2017, pero con informes de infraestructura del MEC que datan del 2012.

73 millones de dólares le cuesta al Estado el proyecto 676, quetras cuatro años sigue sin concluir.

65 por ciento de las 7.500 escuelas públicas de todo el país están en mal o pésimo estado de infraestructura.

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