Los policías Alfredo Cáceres y Jorge López denunciaron que fueron torturados por orden del entonces ministro Walter Bower en la sede de la Comisaría 11ª Metropolitana y la Infantería de la Marina porque supuestamente participaron del frustrado golpe de Estado contra el entonces presidente Luis Ángel González Macchi en el año 2000.
Los hechos ocurrieron, según la acusación fiscal, en mayo del 2000, pero como los delitos fueron declarados por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como de lesa humanidad, son imprescriptibles.
López había denunciado ser torturado en la Comisaría 11ª Metropolitana, que no era de la jurisdicción donde ocurrió el hecho, pero sí estaba cerca de la vivienda de Bower. Mientras que Cáceres estuvo encerrado en la Marina.
En el recinto policial, López fue despojado de sus armas y su uniforme. Para la jueza Cándida Fleitas, en su fallo, se comprobó que todos participaron en los hechos ocurridos entre el 19 y 21 de mayo. “Se le raja con su mismo cuchillo su ropa, todos maniatados, vendados con cinta de embalaje, tirados al suelo boca abajo, esa situación se repitió con las víctimas”, indicó.
El Tribunal aseveró que no solo hubo golpes físicos, sino también denigración a las víctimas. Incluso, afirmaron que algunas de las torturas del 21 de mayo en la Marina fueron ordenadas por el mismo Bower, quien estaba presente en el lugar.
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El ex ministro Bower junto con los comisarios Vera y Palacios enfrentaron un segundo juicio oral y público, luego de haber sido absueltos por los jueces Carlos Hermosilla, Víctor Medina y Rossana Maldonado, el 30 de diciembre del 2019.
Los entonces fiscales Fabián Centurión y Santiago González Bibolini apelaron la decisión, por lo que fue estudiado en el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, que el 27 de abril del 2021 anuló el fallo y dispuso un nuevo juzgamiento.
Con un recurso de casación, los defensores de los policías Osvaldo Vera y Merardo Palacios plantearon recursos extraordinarios contra la resolución del Tribunal de Alzada que dispuso un nuevo juzgamiento público. El recurso fue declarado inadmisible por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Eugenio Jiménez, Manuel Ramírez y Alberto Martínez.
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El fiscal Fabián Centurión incluso ya se jubiló, mientras que el fiscal González Bibolini pasó a ser camarista. Los fiscales que llevan actualmente la causa son Sonia Sanguinez y Luis Chamorro y el proceso lleva ya más de tres años sin llegar a la condena.
Este lunes, luego de varias suspensiones por recusaciones a los integrantes del Tribunal de Sentencia, se debía realizar el pedido de la pena por parte del Ministerio Público y la lectura de la sentencia, luego de que los acusados hayan sido hallados culpables.
Sin embargo, el juicio fue suspendido nuevamente. En esta ocasión, porque el magistrado Fabián Weisensee se encuentra internado.
Por este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Paraguay por detención ilegal, tortura y violación, tanto de las garantías judiciales, como de la protección judicial.
