El pasado 2 de mayo la Itaipú Binacional publicaba que “abre proceso selectivo para incorporar nuevos profesionales a su plantel”. La noticia no era extraña, pero sí llamaba la atención el plazo perentorio para inscribirse al Proceso Selectivo Externo (PSE) 2023, a través de un formulario electrónico que estaría disponible en el portal web de la entidad “en el transcurso de esta semana”. Se supo el 9 de mayo que los “postulantes a las vacancias de Itaipú pueden inscribirse hasta el 12 de mayo”, según informó la propia binacional.
Mientras el Gobierno electo cuestionaba el proceso, el Gobierno saliente señalaba que todo estaba en orden, bajo las reglas establecidas, con 17.755 personas presentadas al concurso. Hubo denuncias de casos irregulares a través de algunos medios de comunicación, pero nadie salió a hablar oficialmente ni a hacer una denuncia pública.
Así, el 31 de julio “Itaipú incorpora oficialmente a 187 nuevos empleados paraguayos que superaron el PSE”. Fueron apenas 10 días para inscribirse, literalmente miles de ilusionados por formar parte de la empresa más grande del país, por lo que seguramente no faltaron quienes se sintieron excluidos injustamente del nuevo plantel de trabajadores.
Posteriormente, asumió el nuevo Gobierno y el 11 de octubre lanzó la bomba hacia los recién incorporados, anunciando una convocatoria a conferencia de prensa apenas media hora antes de su realización. En el informe a la prensa, el Directorio de la entidad daba “por terminado el contrato de 187 personas admitidas a través del Proceso Selectivo Externo 2023”. Fue un golpe que no se esperaron los recién ingresados al plantel, e incluso muchos relataron luego que se enteraron en esa conferencia de la información, lo que representa mínimamente una falta absoluta de seriedad desde una entidad como Itaipú.
Apenas cuatro días después, el 15 de octubre, “Itaipú reincorpora a mujeres embarazadas y promete igualdad de oportunidades en futuros procesos de selección”. Era la primera marcha atrás de la binacional. ¿Cómo puede ser que ni siquiera hayan analizado el caso de las mujeres gestantes? Algo no andaba bien en la anulación de los contratos de los 187 desvinculados.
Los descontratados estuvieron oficialmente menos de tres meses en la entidad y empezaron a reclamar la situación, porque habían sido echados bajo la excusa del “periodo de prueba”, pero acusaban que “sin pruebas” de mal desempeño o insatisfacción de parte de la entidad hacia sus trabajos. Las manifestaciones subieron de voltaje y llegaron hasta inmediaciones de Mburuvicha Róga, donde hubo represión policial. Entonces, el Ejecutivo aceptó una mesa de diálogo para resolver el asunto, y desde el Ministerio de Trabajo se abrió una tripartita. Había que escuchar la demanda del análisis “caso por caso”, era imposible que todos hubieran ingresado irregularmente, como lo sostuvo la binacional en un principio.
Así, el propio presidente de la República, Santiago Peña, el 26 de octubre, poco más de dos semanas después de los despidos, y luego de haber sostenido que esa decisión fue “difícil”, pero “correcta”, cambió radicalmente su discurso. “Tras evaluar el pedido de los jóvenes, se ha dispuesto que la Itaipú Binacional asuma la responsabilidad de estudiar caso por caso la situación de los desvinculados”, informó el jefe de Estado en la red social X (ex Twitter), y agregó que “la intención es que se haga justicia con la readmisión de quienes por mérito corresponda y al mismo tiempo, se sancione a los funcionarios responsables de las irregularidades que contaminaron el proceso de selección”.
Fue una reculada hasta vergonzosa, acaso por eso las declaraciones virtuales y escritas. Una pifiada que se sumaba a otras tantas en menos de 100 días. ¿Cuándo una buena presidente? ¡Ah, parece que ahora sí un investigador es titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología! Habrá algo más, imagino.
