El negocio mueve G. 50.000 millones, y Vallejo objetó que una institución privada se convierta en un mini Estado. En contrapartida, ciudadanos urgen que la Caja de Jubilados y Pensionados de funcionarios municipales sea rescatada debida a su déficit financiero.
En la última sesión Antilavado, Vallejo abordó al titular de la Opaci, Nelson Peralta. Primero recurrió a datos de cuánto factura Opaci al año y saltó unos G. 75.000 millones.
Tras esto, la diputada reparó sobre cómo una institución que se fondea a través de municipios no es transparente pese a que recibe fondos públicos por lo que solicitó informes.
”Acá se habla de un mini Estado que es una organización no gubernamental porque hablan de trabajos con Codeni, traer llevar anteojos de aquí y allá. Con Catastro, eso de actualización catastral que hacen con los municipios, quiero saber si cobran a los municipios, si reciben algo de los municipios. Quiero saber todo sobre la Opaci y cuánto reciben cada uno de los que componen”, señaló.
Además de los G. 10.000 que cobra Opaci a través del pago que hacen los contribuyentes en los municipios por sus patentes de rodados, la gota que colmó el vaso es que por un convenio, también sacan su tajada de gestiones inmobiliarias.
“¿Por cada cobro de impuesto inmobiliario ustedes cobran G. 30.000?”, se hizo la pregunta Vallejo pues es el dato que saltó en la sesión.
De hecho, el propio titular de la esa organización, Nelson Peralta, expresó que tienen un convenio con el Colegio de Escribanos. “En casi el 95% de los municipios nosotros le cobramos su impuesto de bienes y raíces y eso acrecienta mucho nuestro presupuesto”, apuntó al respecto.
Agregó que mes a mes se transfiere un monto correspondiente al Municipio de acuerdo a los trámites que los escribanos hicieron en el concepto referido arriba.
Allí, Vallejo volvió a cuestionar por qué hacen de intermediarios y pidió datos acerca de cuánto ganan por este concepto, lo que Peralta no supo precisar.
Pedido de ley. La Asociación de intendentes de Itapúa (AIDI) remitió un urgimiento a la Cámara de Diputados dirigido al presidente Raúl Latorre, para que traten en la brevedad el proyecto de ley para analizar otras alternativas que garanticen el régimen de jubilación establecido en la Constitución Nacional y, de esta manera, salvaguardar los derechos del personal municipal con sus respectivos aportes.
