A partir de una acción presentada por el abogado Gustavo Gorostiaga, asesor de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Sala Constitucional de la misma CJS suspendió temporalmente los efectos de la Ley 6954/2022 “Que prohíbe la asignación de combustibles a autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado y de los Organismos y Entidades del Estado (OEE)”.
La medida cautelar suspende la aplicación de la ley citada, de los reglamentos y decretos que prohíben la asignación de cupo de combustible a autoridades y funcionarios del Poder Judicial, alegando “perjuicios irreparables” en el plan de gastos 2025.
“La eliminación de los cupos de combustible a las altas autoridades de los tres poderes del Estado fue un reclamo ciudadano, justo, que luego de muchos años se logró la promulgación de una ley que puso fin a esos privilegios. La acción de inconstitucionalidad promovida por la Corte Suprema de Justicia no solamente es inmoral, sino que también es violenta. Cuando a todos nos consta las necesidades urgentes que se dan en los hospitales, donde por falta de combustible no se traslada a un paciente grave, o en las escuelas donde los niños dan clase debajo de un árbol. Toda esta desgracia es por culpa del sometimiento del Poder Judicial a los políticos corruptos que amenizan los bienes del Estado. La medida cautelar suspende los efectos de la ley y, por ende, se instala nuevamente el derroche del dinero público. Cada desgracia que sufre la ciudadanía es responsabilidad de quienes hoy administran nuestra justicia”, sostuvo.
Juez y parte. A su turno, el ex senador y abogado Hugo Estigarribia dijo que no es ético que la propia Corte resuelva sus acciones. Señaló que habría que ver un mecanismo de sustitución de los ministros de la CSJ por abogados particulares en casos que afectan a la propia Corte. “Esto desnuda una falencia legislativa primero, o también incluso una acordada de la Corte podría solucionar el tema, que cuando la CSJ es juez y parte, la propia Corte no puede estar resolviendo sus propios casos. Y ni tampoco magistrados inferiores porque están bajo la potestad de la Corte después. Entonces tienen que establecerse un mecanismo de sustitución por abogados particulares de un cierto perfil. Pero es no ético y algo que no es positivo para la justicia ni tampoco para la propia Corte”, dijo
