Paraguay está comprometido con los objetivos globales de enfrentar el cambio climático, se encuentra frente a una próxima renegociación del Tratado de Itaipú y es altamente dependiente de combustibles, siendo uno de los mayores productores de energía hidroeléctrica.
Sin embargo, no se observan medidas contundentes y de largo plazo que encaminen acciones en esos tres ámbitos y cada día que pasa se profundizan los problemas derivados de no tomar decisiones y realizar los cambios necesarios.
El vacío gubernamental se traduce en baja calidad de vida que en momentos como los actuales tiende a deteriorarse aún más, generando malestar ciudadano y riesgos de ingobernabilidad. Un buen ejemplo de esto es el del transporte público.
Uno de los peores servicios públicos que recibe la ciudadanía es el de transporte. Además de mala calidad y costoso tanto para la ciudadanía como para el Estado, los gobiernos están permanentemente chantajeados por un sector que solo busca mantener el statu quo porque se benefician de él.
La próxima renegociación del Tratado, el cumplimiento de los compromisos internacionales en torno al cambio climático y el sostenido aumento de los precios internacionales del petróleo deberían haber impulsado desde el Gobierno un debate sobre la necesaria profunda transformación del transporte público.
Sin embargo, el Gobierno no solo no tiene ningún planteamiento sino que recurre a medidas que mantienen las cosas como están y, lo que es peor, con consecuencias fiscales que podrían incluso tener saldo negativo para las finanzas públicas y la ciudadanía.
El Gobierno debe poner en discusión con urgencia un plan de reforma del sistema de transporte público para Asunción y el área metropolitana, que reemplace de manera total en el mediano plazo lo que tenemos hoy y que sirva como base para otras grandes ciudades del país.
Estamos en un momento clave para lograr la legitimidad ciudadana que requiere cualquier cambio estructural.
Lo que tenemos hoy es insostenible económica, social, ambiental y políticamente. La sociedad paga un alto costo en pasajes, productividad y contaminación, el Estado subsidia un servicio pésimo y se mantiene un sector empresarial que no contribuye a mejorar las condiciones de vida ni a generar mayor eficiencia económica.
La ciudadanía está harta de la situación y apoyará un plan que le garantice mejores condiciones de vida. Las soluciones dadas por el Gobierno en toda su gestión han sido parches en los que solo gana un sector involucrado, frente a las pérdidas de todos los demás. Se debe aprovechar el momento estratégico en que es posible plantear soluciones basadas en el uso de energía eléctrica limpia y sostenible, además de reducir nuestra dependencia externa y mejorar radicalmente el principal medio de movilidad de la mayoría de la población.