Ante el proyecto de ley que busca prohibir la instalación de granjas de criptominería en el país, fuentes de la industria legal del rubro resaltan los números que deja el sector legal para beneficio del país.
Según números proporcionados a ÚH, empresas legales de criptominería hoy tienen 554 MW de potencia, lo que representa en ingresos anuales; USD 210.111.360 en pago de facturas de energía a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Además de USD 21.011.136 al año en pago de impuesto al valor agregado a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de la energía.
Todo esto representa una inversión en el país de USD 155.100.000 en infraestructura, con aproximadamente 55% en proveedores de la industria local. Así también significa una inversión de USD 537.530.000 en servidores, lo que dejó a DNIT un monto de USD 80.629.500 en pagos por impuesto aduanero.
Finalmente, el sector genera al país unos USD 44.372.000 en depósitos de garantía a la ANDE, por dos a tres meses.
ANDE. Félix Sosa, presidente de la empresa pública, afirmó que hoy día existen 75 empresas registradas dedicadas a la criptominería, las que firmaron contrato. Mientras que 68 son las que ya están instaladas y operando. Las siete restantes firmaron el contrato, pero tienen que construir sus instalaciones aún.
Entre ellas, los que están conectados en 23.000 voltios son en mayoría industrias locales. Mientras que los que están conectados en 220.000 voltios son en mayoría empresas extranjeras.
Informó que el viernes pasado realizaron una intervención muy importante en San Pedro. Afirmó que con la Ley 7300/24 podrán combatir más eficazmente la problemática.
“Tenemos más de 70 causas abiertas en el Ministerio Público tras intervenciones de conexiones ilegales que se dedican a esta actividad. Esperemos que con esta nueva normativa se le castigue a los responsables. La pena privativa de libertad aumenta de 3 a 10 años más la incautación de las máquinas de forma obligatoria. Con la legislación anterior no se incautaban las máquinas”, explicó.
Contexto. Este negocio de la criptominería se instaló en el país en el año 2020 procedentes desde China. Vinieron varias empresas dedicadas a dicha actividad. Algunos firmando contratos de forma legal y otros realizando la actividad de forma ilegal.
“Esta lucha no es fácil, pero trabajando con todos los sectores va a ser factible erradicar esta situación”, culminó.
El proyecto que busca prohibir nuevas instalaciones está pendiente en el Senado.
75 empresas dedicadas a la criptominería firmaron contrato con la ANDE. Entre ellas, 68 ya están operando.
