El tráfico de drogas en pequeñas cantidades genera problemas en grandes dimensiones. En ocasiones, esta venta al menudeo se minimiza, y sin embargo, genera impacto negativo en la salud pública, en lo social y en la seguridad, reconocen desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Pero a la vez, en esta misma institución, no cuentan con el suficiente recurso humano para hacer frente al flagelo.
La Senad dispone de un poco más de 200 funcionarios en el área operativa para todo el territorio nacional, según el director de comunicación del ente, Francisco Ayala. Esta cantidad de personal es para encarar al crimen organizado, para la lucha contra la producción de marihuana en áreas fronterizas y abordar el microtráfico.
Para la venta de drogas al por menor, principalmente en el Departamento Central, se creó cerca de dos años atrás, la Dirección de Operaciones Urbanas que realiza trabajos por zonas.
Ayala señaló que la creación de esta dependencia fue dentro de las limitaciones para tratar de dar respuesta a la cantidad de denuncias que reciben en la Senad, ya sea en forma presencial o a través de líneas telefónicas habilitadas (0971) 979 - 379.
“Estamos insistiendo en la necesidad de que nos puedan tener en cuenta a nivel político para aumentar nuestra capacidad de recursos humanos”, sostuvo.
Reforzar articulación Adultos y niños indígenas que migraron de sus comunidades, ante las extremas necesidades que reflejan las deudas históricas del Estado, terminan sumando a sus condiciones de vulnerabilidad el ser víctimas dependientes de sustancias psicoactivas. El microcentro de Asunción es uno de los escenarios habituales donde se ve esta realidad.
En la jornada de ayer se realizó una reunión entre representantes de la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (Conapi), del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Policía Nacional y otros para tratar el problema de presencia de niños en las calles y el consumo de estupefacientes.
Al respecto, la directora de Protección de Pueblos Indígenas del Indi, Lina Franco, indicó que se encuentran en proceso de censo de personas que actualmente se encuentran frente al instituto, sobre la Avenida Artigas, y la identificación de sus reivindicaciones, como proceso de abordaje. Estimó que existen cerca de 150 familias.
Reconoció la necesidad de una mayor articulación entre las instituciones competentes. “A lo mejor no se tiene un resultado muy esperado, pero siempre se realizan acciones. Entonces lo que queremos es fortalecer esas acciones de manera conjunta, mejor articulada. Estuvimos hablando en esos términos”, detalló.
Franco ejemplificó que en ocasiones las familias realizan manifestaciones por falta de respuesta, por proyectos de viviendas o caminos, por lo que apuntó que todas las instituciones del Estado deben garantizar y brindar respuestas a las reivindicaciones diversas que presentan los pueblos indígenas.
Proyecto. Un proyecto de ley “Que declara emergencia nacional en materia de adicciones, en todo el territorio de la República del Paraguay” fue presentado en diciembre del 2022.
Los proyectistas afirman que con esto se busca que el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), dentro del marco de la “Política Nacional en materia de drogas”, prioricen los ámbitos de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social; y enfaticen la implementación de planes de acción a corto y mediano plazo, destinados a hacer frente a la emergencia declarada.
El único Centro Nacional de Adicciones del país no tiene desde hace años la capacidad para atender la cantidad de casos y en continuo aumento. El director del Centro Nacional de Adicciones Manuel Fresco dijo en Radio Monumental que un paciente internado para una breve desintoxicación le cuesta al Estado entre G. 600.000 y 700.000 por día. Breve desintoxicación, 30 días para niños y adolescentes, 20 días para los adultos. Luego el tratamiento debe seguir de forma ambulatoria.
Por ello, reconocen que rehabilitar a un adicto en situación de calle requerirá de una atención integral que hoy escapa a la respuesta del Estado.
- 600.000 guaraníes como mínimo por día cuesta al Estado una breve internación de rehabilitación a personas adictas.
- A lo mejor no se tiene un resultado muy esperado, pero siempre se realizan acciones. Entonces lo que queremos es fortalecer esas acciones de manera conjunta. Lina Franco, directora de Protección de Pueblos Indígenas - Indi.
- Estamos insistiendo en la necesidad de que nos puedan tener en cuenta, a nivel político, para poder aumentar nuestra capacidad en materia de recursos humanos. Francisco Ayala, director de Comunicación - Senad.
