El proyecto, presentado en conjunto con los diputados Raúl Benítez y Leidy Galeano, modifica el artículo 138 de la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal. Dicha propuesta se tratará el próximo martes por Diputados, un día antes de la cuestionada subasta.
“Con esta modificación pretendemos poner como un cerrojo para estipular ciertas condiciones bajo las cuales se tengan que dar esta venta, para que no pueda ser tan discrecional como lo está siendo ahora”, explicó Ortega en contacto con ÚH.
La diputada dijo que una de las principales modificaciones busca que “exista una valoración de los bienes a precio de mercado mediante el peritaje realizado por un tasador matriculado ante la Corte”.
El objetivo, de acuerdo a Ortega, es que el precio de los bienes sea estipulado por “alguien que medianamente esté certificado para tal efecto”. De este modo, se evitaría que la venta se realice a un precio fiscal y que se corra el riesgo de especulación inmobiliaria.
“Otra de las modificaciones es la reinversión obligatoria de estos ingresos obtenidos a partir de la venta, para la compra de otros inmuebles de mayor o igual valor que redunden en beneficio de la ciudadanía”, señaló Ortega.
La subasta de las tierras de la Costanera, impulsada por el imputado intendente, Óscar Rodríguez, fue criticada en un principio por el destino de los fondos de la operación. Según el anterior Pliego de Bases y Condiciones, dicho monto iba a ser utilizado para “gastos operativos”, “servicios de la deuda” e “inversiones”. Finalmente, tras una modificación aprobada por la Junta Municipal, el concepto de “gastos operativos” fue eliminado del Pliego.
“Si yo vendo 6 hectáreas, tengo que comprar otra propiedad en donde voy a hacer un parque o a desarrollar algún tipo de proyecto con fines sociales comunitarios”, refirió la diputada.
Una tercera modificación sugerida en el Proyecto de Ley apunta a la obligación de un estudio de factibilidad y de viabilidad financiera para cualquier venta que se realice en el futuro, con informes que certifiquen la pertinencia de la operación.
“Es decir, ponemos una serie de trabas que generen un cerrojo para que la venta no sea discrecional y para que no exista un daño al patrimonio de la ciudadanía”, resumió.
Plan Regulador. La diputada cuestionó la aprobación del Plan Regulador por parte de la Junta Municipal. Criticó el hecho de que se diera en el contexto de una subasta. “Obviamente, es un proceso de blanqueo de la subasta que están por hacer. Tenga o no una relación directa, viene de alguna manera a avalar esto”.
Una de las objeciones a la operación de subasta apunta a que las fracciones en venta debían destinarse a un proyecto denominado Eco-Distrito, que cuenta con un apoyo de 105 millones de dólares por parte del Banco Mundial. En la última sesión de la Junta, el concejal Félix Ayala explicó que el proyecto no será interrumpido por la venta de las tierras.
“Este Plan Regulador no modifica esas famosas seis hectáreas. Es decir, cuando nosotros pusimos a la subasta, con el anuncio de estas tierras, ofrecimos con estas condiciones; hoy, con el nuevo Plan, esas condiciones siguen exactamente iguales”, aclaró.
Un Tribunal de Cuentas emplazó por diez días a la Comuna para que responda al amparo presentado por el abogado Enrique Wagener, quien pidió suspender la subasta hasta que se resuelvan supuestas irregularidades. El Tribunal aún no dio lugar a la medida cautelar. No obstante, ya remitió una notificación al intendente, Óscar Rodríguez, con el fin de que remitiera en ese plazo todos los documentos correspondientes al proceso de subasta. Entretanto, uno de los miembros de dicha sala, Edward Vittone, se apartó del caso porque su esposa, Myrian Paredes, es Directora de Contraloría Interna Municipal. Wagener reiteró al Tribunal su solicitud de posponer la subasta y adelantar la respuesta a la medida cautelar, porque la venta está prevista para el 18 de diciembre.
