Sin embargo, en las instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, la Sindicatura General de Quiebras y el Ministerio de la Defensa Pública otorgan altas remuneraciones.
La misma fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, iguala en ingresos al presidente Mario Abdo Benítez.
Se da también el caso del funcionario de la Sindicatura General de Quiebras, dependiente del Poder Judicial, Felipe Ramón Huerta Delgado, cuyas bonificaciones y gratificaciones, G. 25.500.000, son superiores a su mismo salario, G. 22.000.000, que sumados a los gastos de representación, G. 5.500.000 totalizan un ingreso de G. 47.505.500.
Por su parte, los ministros del TSJE, como María Elena Wapenka Galeano, Alberto Cástulo Ramírez Zambonini y Jaime José Bestard Duschek, superan los ingresos de la máxima autoridad de la República.
Estos datos fueron revelados en un informe del Ministerio de Hacienda, en el marco del debate del proyecto de ley de recorte de gastos superfluos. En el documento entregado a la Cámara de Diputados, se consignan solo las remuneraciones de funcionarios de noviembre del 2019, y se puede observar que con la suma de beneficios adicionales existen varios legisladores con más ingresos que el presidente.
La función pública tiene alrededor de 300.000 funcionarios. El ministro de Hacienda, Benigno López, informó que si se cortaran los gastos superfluos se ahorraría anualmente USD 10 millones. Especificó que el impacto será de USD 167.000 si se cortan salarios; USD 395.000 en seguro médico de autoridades; USD 123.000 en cátering; USD 227.000 en arreglos florales; USD 1.120.000 en publicidad, USD 2.600.000 en viajes y USD 5.600.000 en los incentivos para la recaudación que implica pago de multas.
Binacionales. Diputados colorados lograron que las binacionales como Itaipú y Yacyretá sean excluidas de los recortes de privilegios.
Los ingresos altos del Estado
Elena Wapenka
G. 44.038.447 cobró la ministra del TSJE por sueldo (G. 24.131.945), representación (G. 6.000.000), subsidio de salud (G. 300.000), otros (G. 7.236.530), pasaje y viático (G. 6.369.972).
Jaime Bestard
G. 43.780.934 percibió el presidente del TSJE en noviembre como sueldo (G. 24.131.945), gastos de representación (G. 7.469.900), subsidio para la salud (G. 300.000) y otros gastos (G. 11.879.080).
Lorena Segovia
G. 39.049.688 recibió la ministra de Defensa Pública en noviembre por sueldo (G. 24.131.945), gastos de representación (G. 5.125.000), bonificaciones (G. 8.777.084), pasaje y viático (G. 1.015.650).
Alejandro Lamónaca
G. 160.000.000 es el honorario del funcionario de la Corte Suprema de Justicia por dos rubros de G. 80.000.000 percibidos hasta el 2019. El profesional contratado ingresó en el 2016.
Las Cifras
47.505.500 de guaraníes percibió el funcionario de la Sindicatura de Quiebras, Felipe Ramón Huerta Delgado en noviembre pasado.
44.000.000 de guaraníes fue la remuneración del funcionario de Defensa Pública Gustavo Zapata Báez, en noviembre pasado.
41.800.000 de guaraníes fue la remuneración de Mateo Fukuichi Nakayama Rojas, del Ministerio Público en noviembre pasado.
37.907.874 guaraníes percibe la fiscala general Sandra Quiñónez como sueldo, gastos de representación y bonificaciones.
Consultor aclara error en informe
El funcionario Alejandro Lamónaca Downes, que figura como contratado por la Corte Suprema de Justicia, explicó que en el informe del Ministerio de Hacienda, donde se indica que en noviembre del 2019 recibió un pago de G. 160 millones, existe un error.
Aclaró que trabaja como consultor informático y desarrollador de un software de gestión de expedientes, de gran importancia para el Poder Judicial, y que el pago que recibe por su trabajo es de G. 80 millones anuales.
Funcionarios responsables del Poder Judicial informaron que Lamónaca realiza ajustes a la herramienta de gestión Judisof para su utilización en la tramitación electrónica, y que el consultor es el único que tiene el know how de esa herramienta debido a que fue desarrollada en el año 1997.
Lamónaca lamentó que tanto el informe de Hacienda como la nómina del Poder Judicial contemplen esos datos errados. Resaltó que el pago que recibe es acorde al trabajo.
