A casi dos años, la Sala Constitucional ampliada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictaminó sobre la acción de inconstitucionalidad que había presentado la ahora senadora Celeste Amarilla cuando se desempeñaba como diputada. El planteamiento fue rechazado por mayoría.
Se trata de una acción que Amarilla planteó contra la sanción que se le impuso en el 2020, cuando fue suspendida en sus funciones como parlamentaria por sus expresiones sobre compras de bancas con dinero sucio.
El fallo judicial se resolvió de forma dividida, ya que por el rechazo votaron los ministros César Diesel, Luis María Benítez Riera, César Garay, Eugenio Jiménez y el camarista Linneo Ynsfrán, mientras que estuvieron a favor Manuel Ramírez Candia, Víctor Ríos, Alberto Martínez Simón y la camarista Verónica Velázquez.
Al presentar el recurso, la entonces diputada sostuvo que se violó la inmunidad de palabra que poseen todos los legisladores y que estaba protegida por ese derecho, establecido incluso en la Constitución Nacional.
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Además, afirmó que se violó el derecho a la defensa y el debido proceso, la igualdad al acceso a la justicia y que calificaron su opinión como una inconducta parlamentaria.
Sin embargo, según la mayoría de los ministros que rechazaron la acción, el fuero de opinión no es absoluto, sino que solo protege de procesos judiciales. También aseguraron que se le otorgó el derecho a la defensa y se cumplieron requisitos constitucionales para la sanción.
Diesel incluso manifestó que el control de lo resuelto en el Parlamento solo es formal, informó el periodista Raúl Ramírez.
Por su parte, los que estuvieron a favor de dar lugar al planteamiento de Celeste Amarilla señalaron que el fuero de opinión también debería proteger ante sanciones administrativas.
Ramírez Candia sostuvo que lo que denunció la parlamentaria son hechos punibles y están obligados a denunciar, por lo que no implica una inconducta.
En octubre de 2020, Amarilla fue suspendida por una aplanadora colorada y liberales llanistas que dijeron haberse sentido ofendidos por las expresiones vertidas por la entonces diputada, quien dijo que al menos 60 o 70 legisladores ingresaron al Congreso Nacional con dinero sucio.
El proyecto de resolución, que inició con un debate libre, terminó convirtiéndose en una sanción. Los diputados opositores defendieron a la legisladora, señalando que la misma no podía ser castigada por sus dichos, ya que estaba protegida por los fueros parlamentarios.
El caso incluso generó una indignación ciudadana, de senadores e incluso de la representación diplomática de Estados Unidos por parte del encargado de negocios de la Embajada de los EEUU en el Paraguay, Joe Salazar, quien defendió el respeto a la libertad de expresión.
