04 oct. 2025

Corte suspende efectos de la ley que prohibía asignación de combustible a funcionarios del Poder Judicial

La Sala Constitucional de la Corte suspende temporalmente los efectos de la ley, los reglamentos y decretos que prohíben la asignación de cupo de combustible a autoridades y funcionarios del Poder Judicial, alegando “perjuicios irreparables” en el plan de gastos 2025.

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Siguen los privilegios para los funcionarios y autoridades del Estado.

Foto: archivo.

Las autoridades y funcionarios del Poder Judicial seguirán recibiendo cupos de combustible tras la decisión de la Sala Constitucional de admitir una medida cautelar que suspende el artículo 1 de la Ley 6954, reglamentos y decretos que prohibían dicha asignación, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

El párrafo normativo impedía “la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustible, tarjetas personales o de cupos de combustible a las autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado y de los Organismos y Entidades del Estado (OEE)”.

De esta forma, se mantienen los privilegios para los funcionarios públicos y autoridades.

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La resolución fue firmada el pasado 28 de abril por los ministros de la Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera y Víctor Ríos.

Como argumento se menciona que “las normas dictadas por el Ejecutivo que aprueba el Presupuesto General de la Nación podrían acarrear perjuicios irreparables, por lo que corresponde hacer lugar a la medida cautelar”, señaló NPY.

La medida quedará vigente hasta que se estudie la acción de inconstitucionalidad planteada por el abogado Gustavo Gorostiaga, asesor de la Corte.

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El Presupuesto General de la Nación para este año asciende a G. 133,1 billones, incluyendo el aumento de cerca de G. 6 millones de salario para los senadores y vales de combustible para los diputados.

Durante la gestión actual, la ciudadanía cuestionó las contrataciones de parientes sin título universitario, conocidos como los nepobabies, la centralización de recursos en algunas instituciones y superpoderes para algunos ministros.

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