El ministro Alberto Martínez Simón explicó el protocolo aprobado, que se realizó según las recomendaciones de las juezas de Paz Liz Lobo y Susana Granado.
Este cuenta con tres puntos específicos. En primer lugar, identificar y clasificar los expedientes finiquitados que deben ir al Archivo de Poder Judicial. Recordó que se habían recuperado expedientes de estudios jurídicos, por lo que estos volvieron a los juzgados de Paz.
Con ello, se tratará de alivianar la carga. También participarán funcionarios de Archivo, que estarán comisionados para realizar este trabajo.
En segundo lugar, se verán los expedientes que tienen pedidos de finiquitos de parte de los accionantes, así como los que tienen solicitudes de extracción de fondos. Se verificará si no existen irregularidades y se dictarán las resoluciones que correspondan, manifestó.
El ministro señaló que se comisionará personal a más de un lugar, que podría ser la ex guardería del Poder Judicial, donde se realizará una revisión de los expedientes. También se librarán los oficios para levantar los embargos y las inhibiciones.
Finalmente, lo que Martínez Simón denominó “el trabajo más relevante": identificar los expedientes que tengan irregularidades procesales, de modo que puedan ser anulados, si es que amerita la situación.
Aseguró que hallaron expedientes donde los escritos iniciales de la demanda no tenían el sello de cargo, para determinar cuándo fueron presentados. Otros, donde las primeras resoluciones dictadas, que admitían la demanda, no tenían fechas.
Otro vicio que hallaron y de fundamental importancia fueron expedientes en los que no se presentaron los instrumentos de créditos; es decir, los pagarés, que justifican el juicio, pero igual se siguió el proceso judicial.
El presidente de la Corte, César Diesel, señaló que se identificarán y señalarán estas situaciones, pero quienes deberían tomar finalmente la decisión son los jueces de Paz en cada caso específico.
Denuncias. Otra de las medidas fue la aprobación de la acordada “Por la que se habilita el sistema web institucional que permita a las víctimas presentar denuncias sobre supuestas irregularidades en la tramitación de los juicios relacionados con títulos de obligación cambiaria (pagarés) en particular”.
Con esto, las personas que tengan indicios de irregularidades, tales como embargos de salarios, sin que les fueran notificadas las acciones, podrán presentar estas denuncias, de modo que los juicios en cuestión sean auditados.
En ese sentido, las personas, vía web institucional, deben poner nombres, identificar el expediente, el juzgado, la secretaría, el número y año del juicio, y la irregularidad que se tiene. Así, según habían explicado los ministros, se podrán hacer las denuncias.
Además, en la próxima sesión, los ministros Eugenio Jiménez y Martínez Simón presentarán un proyecto sobre la forma de los procesos.
