Mediante una medida tomada por la Junta de Saneamiento de Hohenau, Itapúa, la Escuela Mariscal Estigarribia, institución educativa emblemática de la ciudad, se quedó sin acceso al agua potable, justo a pocos días del inicio del nuevo año lectivo. Además, se retiró el medidor del suministro de agua, afectando a más de 400 niños, que dependen de este servicio.
El corte se debe a una deuda acumulada por más de 20 millones de guaraníes, correspondiente a más de diez años de impagos. Aunque en diciembre pasado la Asociación de Comités Educativos entregó una suma de 2 millones y se comprometió a pagar 1 millón mensual, la Junta de Saneamiento procedió con el corte sin previo aviso y sin proponer ninguna solución a largo plazo.
La medida plantea serias interrogantes sobre el cumplimiento de los derechos básicos, comenta los educadores. Según confirmó la actual presidenta de la Asociación de Comités Educativos, Liliana Duarte, la situación es alarmante. “A pesar de que la Constitución Nacional asegura el derecho a la educación, este derecho se ve amenazado cuando los estudiantes carecen de acceso al agua, un recurso vital tanto para su higiene como para su bienestar general. ¿Cómo se puede garantizar una educación de calidad en un ambiente donde las condiciones básicas de infraestructura no están cubiertas?”, dijo Duarte.
“Este hecho resalta una de las grandes falencias del sistema educativo nacional como la falta de recursos para cubrir servicios básicos esenciales, como el agua, la electricidad y el acceso a internet, indispensables para el normal funcionamiento de cualquier institución educativa”, dijo Liliana Duarte.
Muchas de estas escuelas oficiales del interior del país carecen de presupuesto suficiente para cubrir estos gastos, lo que deja a los directores de las instituciones sin opciones viables para garantizar el acceso a los recursos necesarios. Narciso Meza
