EFE
La CLOC comparó el caso de estos seis campesinos, que este mes de mayo cumplieron 10 años en prisión, con el de los once labriegos juzgados en Asunción por la masacre de Curuguaty, cuya sentencia se conocerá este lunes.
Los seis campesinos condenados fueron acusados de participar en una reunión en la que presuntamente se decidió el asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas, y posteriormente imputados por su homicidio y secuestro, ocurrido en 2004.
En 2006, fueron arrestados en Buenos Aires, y allí permanecieron recluidos hasta que en 2008 se les extraditó a Paraguay, donde cuatro años después fueron condenados a 25 años de prisión y 10 años de medidas de seguridad.
El pasado mes de mayo, la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia contra ellos, pese a que la defensa sostiene que en el juicio se produjeron numerosas irregularidades, sin que hubiera argumentos sólidos para sostener la acusación, ni se demostrara el nexo de los acusados con los hechos.
La CLOC establece un paralelismo entre este caso y el de la masacre de Curuguaty, por el que se juzga a once campesinos acusados de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno, y para quienes la Fiscalía solicita penas de entre 5 y 30 años de prisión.
La acusación se refiere a un desalojo ocurrido en junio de 2012, cuando más de 300 policías acudieron a desalojar a unos 70 campesinos que ocupaban unas tierras del distrito de Curuguaty (este) para pedir que se integrasen a la reforma agraria.
En el desalojo murieron once campesinos y seis policías, pero la Fiscalía nunca investigó las muertes de los labriegos.
La defensa de los campesinos acusados por el caso Curuguaty sostiene que ningún testigo pudo establecer la culpabilidad de los acusados, no hay pruebas que les incriminen, y la investigación fiscal estuvo llena de irregularidades, por lo que solicita su absolución.
A este pedido se han unido en los últimos días artistas, organizaciones campesinas, estudiantes, sindicatos, partidos políticos, religiosos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo.
También cinco mujeres que están encadenadas desde el pasado lunes frente al Palacio de Justicia de Asunción para exigir la absolución de todos los acusados.
La masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012, sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, que fue destituido una semana más tarde en un procedimiento calificado de “irregular” por organismos como la Unasur y el Mercosur.
