La Comisión Bicameral encargada de considerar el Informe y Dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), sobre la liquidación del Presupuesto General de la Nación (PGN) del ejercicio fiscal 2024 volvió a sesionar ayer y contó con la presencia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, además del viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, a fin de conversar respecto a las irregularidades reportadas.
En la ocasión, Encina dio a conocer detalles con relación a las licitaciones de estos últimos tres años y reveló que, debido a todos los cambios y adendas que se aprobaron en los procesos de compras públicas, el Estado tuvo un gasto adicional de USD 901 millones (G. 6,8 billones) frente a lo que fue adjudicado.
Se observa que, durante el 2023, se tuvo un monto asignado de G. 22,7 billones, pero terminó con un incremento de 9%, lo que representa un adicional de G. 2 billones.
Para el siguiente año, el monto adjudicado fue de G. 26,8 billones, pero registró un incremento de G. 2,5 billones, representando también un 9% de crecimiento, mientras que en lo que va de este 2025 ya se tuvo un sobrecosto de G. 2,2 billones o 7% más.
Al respecto, el titular de la DNCP sostuvo que, pese al elevado monto, todavía no representa “una alarma a nivel general”. Detalló que, de los 4.321 contratos del año pasado, el 55% sufrieron alguna modificación, aunque en mayor medida se debieron a los plazos. “Pero de los que tienen que ver con ampliaciones de montos, tenemos un promedio de 9%“, añadió.
Si bien dijo que sí se debe atender a que el 34% de todas esas licitaciones se presentaron de manera plurianual, también argumentó que esta situación será subsanada a partir del periodo 2026, debido a que ya se introdujo modificaciones en un artículo del proyecto de PGN.
“No vemos números alarmantes. Creo que en lo poco atendible ya tenemos solución porque se tomaron las vías legales para que ya no ocurran a partir del 2026”, ratificó.
En cuanto a estos contratos plurianuales, señaló que el ente principal es Obras Públicas, con casi G. 4 billones asignados, seguido del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Salud.
MEF afirma que apunta a cumplir los compromisos
Por su parte, Óscar Lovera, en representación del MEF, defendió los esfuerzos de la institución por dar cumplimiento a los diversos compromisos del Estado, así como sostuvo que se están llevando a cabo acciones para mejorar los procesos. Con respecto a los sobrecostos en los contratos, afirmó que la nueva Ley 7021, “de Suministro y Contrataciones Públicas”, ya establece un tope de 20% sobre los montos, por lo que no se podrá superar el límite, mientras que para el 2026 propusieron en el PGN un artículo que permitirá un control sobre los contratos plurianuales, en un trabajo conjunto entre el MEF y la Dirección de Contrataciones Públicas.
