La investigación de dos licitaciones iniciada por Dirección Nacional de Contrataciones Públicas este martes es por la adquisición de una planta purificadora de agua adjudicada a una casa de lubricantes y la compra de combustible de una empresa que se encuentra inhabilitada por la Gobernación de Alto Paraguay.
Por medio de la Resolución 2772/20, se ordenó la apertura del procedimiento de investigación de oficio y se designó a Gabriela Santacruz como funcionaria responsable de sustanciar el procedimiento que se conoció por medio de las publicaciones de Última Hora.
Se trata de una aparente licitación dirigida registrada con el contrato ID353695, de la Gobernación de Alto Paraguay, en la que una casa de lubricantes fue adjudicada curiosamente para la venta de una planta purificadora de agua, por valor de G. 800 millones.
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En el proceso salta que un funcionario de nombre Claudio Castillo Aguilera, de RRHH de la Gobernación, integró el comité de evaluación del contrato del que resultó beneficiada la empresa Caval SA, representada por Sergio Castillo, su hijo.
La empresa no tendría experiencia en este tipo de provisiones, más aún cuando que el proveedor e hijo del miembro del gabinete del gobernador, José Adorno, es un joven de corta edad.
Asimismo, fue emitida la Resolución 2861/20, por la cual se designa a Javier Garay como investigador de otra compra de la Gobernación de Alto Paraguay en la que también hay serios indicios de irregularidades.
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La compra de combustible es por valor superior a G. 660 millones en plena pandemia. El Ejecutivo departamental rubricó con la firma RDS SA, de Eligio Benegas, el contrato de compra de combustibles, pese a que la empresa se encuentra inhabilitada.
Datos proveídos desde las oficinas de Industria y Comercio dan cuenta de que la empresa, tras dos fiscalizaciones, ya no debía operar desde el mes de marzo.
Según el informe, RDS SA no compró combustible de la distribuidora por más de 90 días, de acuerdo con lo corroborado tras la primera fiscalización del 10 de marzo de 2020. La segunda fiscalización del 10 de junio arrojó finalmente la cancelación con dictamen de Asuntos Legales, el 29 de junio.
