El proyecto de ley que cambia el Fonacide y retira a Asunción y Central los recursos para alimentación escolar se respalda en los hallazgos de la Contraloría, institución que aprovechó para plantear una propuesta de mayor protagonismo en las fiscalizaciones.
“Queremos solicitarle al sector político que incluya a la Contraloría General de la República, de manera aumentar nuestra cantidad de auditores para controlar la implementación de alimentos en las escuelas. La propuesta que tenemos es que los auditores de la Contraloría controlen todos los días del año escolar en todas las escuelas del país, de una manera aleatoria”, dijo el contralor Camilo Benítez en Palacio de Gobierno.
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Argumentó que el 90% de las denuncias que recibe el ente contralor están relacionadas a la alimentación escolar, principalmente sobre el mal manejo de los recursos del Fonacide, pero también resaltó el poco alcance del programa, teniendo en cuenta que llega a solo el 5% de los estudiantes a nivel país.
En paralelo, habló de la implementación de una plataforma que garantizará la ejecución transparente del nuevo proyecto que elimina el Fonacide y crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar y que traslada al Ministerio de Desarrollo la responsabilidad del almuerzo escolar en Asunción y Central.
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Benítez explicó que se trata de una herramienta que recoge información en tiempo real, que estará disponible para las autoridades, padres y la sociedad civil. Los datos se cruzarán mediante inteligencia artificial para “alertarle al ordenador de gastos en tiempo, de manera a corregir las anomalías”.
El presidente Santiago Peña presentó la propuesta basándose en el “informe lapidario” de la Contraloría sobre el uso de los recursos provenientes de la compensación por la cesión de energía al Brasil y que hasta ahora son administrados por las municipalidades y gobernaciones.
