La Contraloría General de la República (CGR) comunicó este miércoles al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS ), Vicente Bataglia, sobre la disposición de una fiscalización especial Inmediata a la institución a su cargo, mediante la resolución 487/21.
En el documento se detalla que los aspectos que serán objetos de revisión son las adquisiciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, así como las contrataciones públicas durante el ejercicio fiscal 2021.
Para las fiscalizaciones fueron designados 10 funcionarios de la Dirección General de Control de Administración Descentralizada y de la Dirección General de Control de Contrataciones Públicas del Estado.
Asimismo, se comunicó que los equipos de trabajo realizarán entrevistas, solicitudes y verificaciones in situ, tanto en la sede de las instituciones como en áreas de influencia de los programas y proyectos ejecutados.
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Igualmente, se solicita la designación de un nexo oficial a efectos de facilitar los medios y documentos requeridos por los auditores en un plazo no mayor de cinco días.
Esta fiscalización se realiza en el marco de las auditarías a las18 entidades directamente afectadas a la atención de la emergencia sanitaria establecidas en la Ley que declara Estado de Emergencia.
Además del IPS, se contempla la fiscalización de instituciones como el Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Hacienda, Interior, Defensa Nacional, Desarrollo Social, Salud, SEN, Senac, Secretaría Técnica de Planificación, la Policía Nacional, Instituto Paraguayo del Indígena, Ande, Petropar, Senasa, Comando de las Fuerzas Militares y Facultad de Ciencias Médicas (UNA).
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En el pasado mes de abril, la Contraloría emitió la Resolución 208/20, que reglamenta las medidas de transparencia y rendición de cuentas establecidas en la Ley de Emergencia, y había determinado las actividades de control correspondientes.
La resolución emitida reglamentó lo mencionado en la Ley 6524/20 en lo relativo a las medidas de control para transparentar la gestión de los administradores y ejecutores del Fondo de Emergencia, permitir el acceso de la ciudadanía a las rendiciones de cuentas e impulsar las acciones que correspondan ante los órganos jurisdiccionales competentes, por irregularidades que pudieren detectarse durante el control.
