La Contraloría General de la República (CGR) informó ayer lunes que remitió el resultado del examen de correspondencia de las declaraciones juradas (DDJJ) de Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Consejo de la Magistratura (CM) y ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y su esposa Karen Leticia González Orrego, por inconsistencias halladas.
Bogarín Alfonso es uno de los tantos declarados “significativamente corruptos” por el Gobierno de los EEUU, hecho que motivó que tuviera que abandonar la presidencia del JEM y la representación del CM ante el JEM, en marzo de este año.
Sin embargo, Bogarín se mantiene como representante de los abogados ante el Consejo de la Magistratura, pese a la presión de sus colegas que lo instaron a dejar el cargo hasta aclarar su situación, de manera a no complicar la credibilidad de la institución.
La CGR presentó ya este viernes 11 de agosto los documentos a los agentes fiscales Francisco Cabrera Sanabria, Diego Arzamendia, Alma Belinda Zayas y Jorge Arce Rolandi, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.
La denuncia fue entregada por la institución ante el Ministerio Público, con una carpeta de 115 hojas con respecto a Bogarín, y 88 hojas con respecto a su esposa Karen Leticia González Orrego.
El examen de correspondencia realizado por la Contraloría fue a pedido de la Fiscalía, que investiga la denuncia realizada por el Gobierno de los EEUU, a solicitud del propio Bogarín.
CDA en Cooperativas. Según Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Bogarín no constó Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) en cooperativas. Uno de ellos, por valor de G. 900 millones, según detalló a la Monumental 1080 AM.
“No fueron declarados (certificados de depósitos de Ahorro) CDA en una cooperativa de Lambaré, por valor de G. 900 millones, en la declaración de 2019. Ese dinero, según la documentación a la que accedimos, proviene de un CDA de la madre, está endosado por la madre”, detalló Torres.
También habló de otro CDA, a nombre de su madre, pero que internamente la cooperativa le transfirió a Bogarín, lo cual generó unos intereses que fueron depositados en una cuenta abierta en la cooperativa, pero tampoco fue declarada.
“El funcionario público está obligado a declarar todos los activos y pasivos, independientemente de su origen”, manifestó.
El examen de la CGR halló un total de siete inconsistencias, las cuales fueron aclaradas algunas, pero no la mayoría, según detallaron.
“La mayoría de las omisiones que tuvo fueron confirmadas por la Contraloría, y eso estamos obligados a comunicar a la Fiscalía para que ellos, en el ámbito de su competencia, puedan proseguir con la investigación, porque las omisiones podrían constituirse en un indicio de hecho punible de declaración falsa”, explicó.
La Fiscalía deberá proseguir con la investigación a partir de los datos brindados por la Contraloría y definir si hay indicios o no de un hecho punible a imputar.
900 millones de guaraníes es el monto de uno de los certificados de depósitos de ahorros que Bogarín no declaró.
Examinan declaraciones juradas polémicas en la CGR
El director general de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República (CGR), Armindo Torres, dijo a la Monumental 1080 AM que se están llevando adelante los exámenes de correspondencia de lo declarado por autoridades que levantaron sospecha por los datos presentados.
“Ya iniciamos el análisis y ya solicitamos informes a las instituciones correspondientes”, detalló Torres respecto al examen de correspondencia que se encuentran realizando sobre las declaraciones juradas del nuevo presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el diputado colorado cartista Orlando Arévalo.
Respecto a las “actualizaciones” o “rectificaciones” de datos que realizan algunos funcionarios públicos, como lo hicieron políticos como el propio Horacio Cartes (no declaró una offshore en Panamá y lo hizo cuando fue publicado en los Panamá Papers), Torres manifestó que la CGR igual remite los casos a la Fiscalía, y es esta la que investiga de manera a determinar si hay realmente una declaración falsa con dolo o no.
