Ante los cuestionamientos públicos sobre un presunto blindaje institucional y un eventual juicio político, el contralor general de la República, Camilo Benítez, aclaró los alcances y límites del examen de correspondencia practicado a las Declaraciones Juradas (DDJJ) del entonces presidente de la República, Santiago Peña, cuyo dictamen se dio a conocer el pasado 26 de mayo sin detectar inconsistencias patrimoniales.
En relación con las críticas sobre la construcción de la residencia en la ciudad de San Bernardino, Benítez explicó que la labor de la Contraloría General de la República (CGR) se limita a comprobar la trazabilidad formal de los fondos declarados, mas no a investigar la licitud del origen o el trasfondo financiero de los créditos comerciales.
“Como en el caso del ex presidente, quien declaró haber pagado USD 600.000 por la construcción de la casa y reflejó una deuda pendiente de USD 300.000 con la constructora al cierre del examen, el pago contaba con respaldo financiero”, refirió.
“No obstante, eso no significa que la CGR tenga competencia para investigar el contenido de los créditos o determinar si un préstamo bancario esconde una operación de blanqueamiento"‚ puntualizó Benítez.
El titular del organismo de control subrayó que ese nivel de indagación penal corresponde estrictamente al Ministerio Público. “Lo que nosotros verificamos fue la consistencia de lo declarado contrastado con facturas, cuentas bancarias, transferencias, declaraciones impositivas y el propio contrato de construcción”, acotó.
Posición ante un eventual juicio político
En el plano político, ante los sectores que analizan la presentación de un pedido de juicio político en su contra a raíz de las polémicas en torno a las auditorías patrimoniales, Benítez adoptó una postura de apertura institucional y defensa documental.
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“El juicio político es una herramienta constitucional y la respeto plenamente. Si se llega a presentar, ejerceré mi defensa con documentos”, aseveró.
Benítez Aldana remarcó que la CGR es una institución sólida con una gestión respaldada en archivos y auditorías públicas. Como ejemplo, recordó los informes presentados sobre la administración del Instituto de Previsión Social (IPS) y las revisiones a entidades financieras: “Ya en los reportes de agosto constaba la verificación de fondos depositados en ese banco, y en septiembre, ante la mínima sospecha, iniciamos los controles”.
Finalmente, el contralor defendió su trayectoria al frente de la institución –en la que acumula varios años de gestión– y ratificó su predisposición para comparecer ante el Poder Legislativo.
“Somos la institución que más ha luchado contra los actos impropios en la administración del Estado y vamos a seguir haciéndolo. Estoy a disposición del Congreso para rendir cuentas cuando lo requiera”, concluyó.
