Camilo Benítez, titular de la Contraloría General de la República (CGR), en contacto con radio Monumental 1080 AM, manifestó este miércoles que se aplicó una excepción en el análisis patrimonial del presidente Santiago Peña y Eddie Jara.
En este sentido, explicó que la inspección de bienes a la figura de la personas políticamente expuesta se aplica a tareas de inteligencia financiera, pero que eso no le corresponde al órgano contralor y dijo que ellos solo pueden examinar a funcionarios públicos en ejercicio.
“En el sector público uno solo está autorizado a hacer aquello que está expresamente mandado por la Ley. Investigarle a una persona privada está prohibido por la Contraloría”, acotó
Se refirió al caso del ex presidente de Petropar Eddie Jara para ejemplificar las excepciones.
“Ahí lo que nosotros hicimos y no podíamos no haberlo hecho, es una excepción a la regla”, añadió y recordó que Jara, en su declaración jurada, al asumir como presidente de Petropar dijo que prestó la suma de G. 3.500 millones en efectivo y eso no figuraba en el sistema financiero.
“Es decir, no salió de ningún origen lícito”, puntualizó Benítez.
🔴 La "excepción en la regla" que marcó la Contraloría en el análisis patrimonial entre Eddie Jara y Santiago Peña
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Afirmó que entonces consultaron a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para saber si el ex titular de la petrolera estatal había declarado ingresos con esa suma para justificar ese préstamo.
“Las reglas se tienen que cumplir, pero claramente —y ya lo decía Aristóteles— la regla tiene su excepción. Nosotros podemos romper la regla cuando vemos que existe mérito para hacer eso, como fue el caso de Eddie Jara”, justificó.
En el caso del jefe de Estado dijo que su patrimonio estaba compuesto por activos bancarizados y bienes trazables.
“Todo su activo estaba en bienes trazables, estaba en el banco. Por ende, se presume que el banzo ya hizo la verificación del origen del dinero”, añadió.
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Nosotros pedimos informes como se hizo también con el presidente de la República, al sistema financiero y declaró que Peña declaró sus números de cuentas, certificados de depósito de ahorro, su acción y sus bonos, pero dentro del sistema financiero.
“No era algo que ameritaba que nosotros indaguemos un poco más”, afirmó y acotó que hay otras instituciones que claramente sí tienen la competencia para poder investigar a profundidad si él pagó o por IRP, por ejemplo, aseguró.
El presidente Santiago Peña está en medio de una investigación fiscal por supuesto enriquecimiento ilícito. De acuerdo con informes de la Contraloría, G. 1.351 millones era el patrimonio del presidente en el 2017 cuando dejó la titularidad del Ministerio de Hacienda, pero G. 23.024 millones es la cifra la que trepó su riqueza a 2023.
Mientras que G. 7.750 millones es el valor total de la mansión de Peña en San Bernardino y G. 6.300 millones es el costo de la casa (sin el terreno) e incluye mano de obra y mobiliario y G. 1.450 millones es el valor del terreno adquirido en San Bernardino.
Sin embargo, esta información sobre la transacción para comprar el terreno donde construyó su mansión en San Bernardino fue omitida en el dictamen de la Contraloría sobre el examen de correspondencia de sus bienes. No se brindaron detalles del origen de los fondos ni del propietario del lote.
Peña se niega a una examinación de sus bienes entre 2017 y 2023 alegando que trabajó en el sector privado, aunque la resolución N.° 050 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) establece que el periodo de monitoreo de autoridades debe extenderse por un periodo de dos años después de dejar el cargo y Peña había renunciado como ministro de Hacienda en junio de 2017.
