La denuncia fue presentada ayer ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.
La situación ya se había puesto en conocimiento del embajador en España, Ricardo Scavone Yegros, quien a su vez comunicó el tema a la Cancillería Nacional. El canciller dispuso que el inspector general del servicio exterior, Gustavo López Bello y la directora de Recursos Humanos del Ministerio, Rocío Jazmín Salinas, fueran a ver la situación en el lugar y elaboraran un informe. Esta tarea se realizó en abril. Sin embargo, pese a continuas consultas de este Diario al respecto, no hubo aclaración alguna por parte de las autoridades de Cancillería.
