Por esa razón, solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que mediante su Dirección de Auditoría de Gestión Judicial, inicie el control y la revisión de expedientes que terminaron con la extinción de la causa de manera sospechosa e irregular en los últimos cinco años.
Entre ellos, se encuentran los casos del actual senador Rafael Filizzola sobre lesión de confianza, el del ex titular de la ANDE Carlos Heisele sobre lesión de confianza, el ex presidente de Copaco Juan Francisco Godoy, también sobre lesión de confianza, el del ex titular de la SEN Camilo Soares sobre lesión de confianza, del ex ministro de Industria y Comercio (MIC) Francisco Rivas, el del ex diputado Carlos Portillo sobre tráfico de influencia, el del ex director del Indert César Augusto Parini sobre lesión de confianza, entre otros.
Todas estas causas tienen algo en común: Quedaron en el “oparei” por prescripción.
“Las salidas procesales por prescripción o extinción no solo impiden dar una adecuada respuesta a la gravedad de los hechos y a la culpabilidad de quienes los cometen, sino que provocan un gran desconcierto en la generalidad de la ciudadanía, restando así eficacia preventiva general a la norma penal, y sustrayendo de la prevención especial de la pena a los que deberían ser sus destinatarios”, menciona la nota enviada al titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) César Diesel por parte de la coordinadora.
Señala que tras un monitoreo sistemático de expedientes de corrupción pública de los últimos cinco años se detectaron “graves irregularidades”.
“La prescripción o extinción de las causas emblemáticas tienen responsables directos, entre los cuales podrían encontrarse ministros de la Corte Suprema, miembros de tribunales de apelación y sentencia, jueces, fiscales e incluso abogados del foro. En caso de comprobarse responsabilidad, estos actores deberían responder administrativa o penalmente”, agrega la misiva.
La Coordinadora alega que la corrupción ha empañado el desarrollo del Paraguay durante décadas, convirtiéndose en un lastre para el progreso, sostenida por una cultura de impunidad profundamente arraigada.
“Aunque hubo intentos esporádicos de combatir este flagelo, lo cierto es que muy pocos corruptos enfrentaron consecuencias reales. La impunidad se ha normalizado, protegida por pactos de silencio entre sectores de poder y operadores del sistema judicial”, señala el documento.
Afirma que más grave es que no se tenga conocimiento de que en los últimos años, la Corte haya ordenado la auditoría de expedientes emblemáticos de corrupción prescritos y sancionado a los responsables de su letargo.
