Contra todas las predicciones y resistencias lógicas de los sectores afectados, se aplicaron recortes de excesos de derechos de la función pública, en un acelerado plan remiendo buscando paliar décadas de abandono y desidia de la salud pública. Recortes salariales con tope máximo, fin de seguros médicos vip, bocaditos, cupos de combustible y numerosos otros beneficios contenidos en el creativo diccionario de los privilegios.
La otra área con especial foco de la ciudadanía y de los medios de comunicación es la corrupción. Los administradores de la cosa pública siguen despojando sin el mínimo respeto al dramatismo histórico. Robar a través del viejo estilo de las sobrefacturadas licitaciones es como vender armas al enemigo en tiempos de guerra. No tiene perdón posible.
Luego del escándalo de la Dinac, siguió el mismo camino la mediática presidenta de Petropar. Patricia Samudio no logró digerir la compra absurda de agua tónica (G. 25 millones). Al igual que Edgar Melgarejo, tuvo que renunciar al cargo por una nimiedad en cuanto al monto de la compra directa. Esto es el resultado del hartazgo social que ya no tolera obscenidades de una casta que engulle dinero público mientras la mayoría sobrevive a duras penas, sin dinero, sin trabajo y sin esperanza.
Las compras del Estado para combatir el coronavirus están bajo la lupa. Hay desconfianza porque el modus operandi no ha cambiado. Y los protagonistas tampoco. El ministro Julio Mazzoleni, quien ha logrado el respeto ciudadano, debe extremar los controles porque si se confirman las sospechosas compras sobrefacturadas, el único que saldrá dañado es él. Los otros no tienen nada que perder y cuando apenas se los señale, se replegarán cuando hay escándalo, pero volverán cuando las luces del control social se han apagado.
OPERATIVO PRIVILEGIO. En medio de la cuarentena total cuyo plazo final se estipuló hasta fin de mes para dar paso a la flexibilización denominada “cuarentena inteligente” a partir del 4 de mayo, otro escándalo explotó en el rostro del Ministerio Público, con efectos colaterales en Palacio de Gobierno. Esta vez no fue una sobrefacturación de precios sino los indignantes privilegios y sus beneficiarios exclusivos.
El empresario Karim Salum formó parte del vuelo de repatriación de connacionales que llegó el miércoles 21 al país. Según el protocolo, los pasajeros tienen la obligación de cumplir una cuarentena de 14 días en albergues dispuestos por el Gobierno. Pero Salum, gracias a la gestión personal de la fiscala general, Sandra Quiñónez, y una llamativa anuencia gubernamental, logró el permiso para cumplir el aislamiento obligatorio en su departamento.
A partir de los protagonistas se tejieron las redes políticas. Quiñónez hizo la gestión porque Salum está vinculado al cartismo y ella es una ficha política de Horacio Cartes, quien la eligió para el cargo. Pero tampoco el Gobierno está exonerado del escándalo. Solo con la venia oficial pudo ejecutarse el plan privilegio.
Tanta indignación causó el tema que la Policía “fabricó”, según la Fiscalía, una violación de cuarentena para trasladarlo a un albergue. Pero el daño ya estaba hecho.
TIMONEL. El relato de los escándalos de corrupción y privilegios golpean al Gobierno que viene desarrollando bien la compleja tarea para sobrevivir la pandemia con la menor cantidad de casos fatales posibles. Su flanco son los lentos programas de subsidio y un horizonte económico aterrador.
La disputa entre el Palacio y la Fiscalía General tensó nuevamente la cuerda entre el oficialismo y el cartismo, que salió a defender a Quiñónez y Salum. Esto puede generar desequilibrios en su frágil gobernabilidad. Hay algunos que deslizan que este enfrentamiento se debe a las investigaciones de la Fiscalía de los recientes actos de corrupción.
Si bien Marito está jugando como actor secundario en esta crisis sanitaria dejando el escenario a Mazzoleni porque el ministro ha mostrado capacidad y liderazgo, sin embargo no debe dejar en manos de otros el timón político, porque justamente uno de los problemas de su gobierno es la dispersión del poder y las sospechas de corrupción.
La caída de Melgarejo y Samudio no fue una determinación presidencial en términos de castigo sino fruto de la presión social y mediática. El presidente perdió la magnífica oportunidad de dar señales y mensajes fuertes contra la corrupción tomando la delantera, cortando cabezas. ¿Debilidad? ¿Complicidad? ¿Protección?
Si sigue jugando en segunda línea en la gestión política, los acontecimientos lo arrastrarán y perderá la oportunidad de ser un protagonista activo para construir eso que le hace falta: Liderazgo con credibilidad.
Las crisis son las grandes parteras de la historia. Son las que empujan los grandes cambios.
El presidente debe elegir cómo quiere renacer después de la pandemia.
