El Congreso Nacional sancionó modificaciones al régimen legal del Instituto de Previsión Social (IPS) a pedido del Poder Ejecutivo. El proyecto se aprobó el día anterior en la Cámara de Diputados y no tuvo mucho debate en el Senado, donde algunos opositores alegaron que se debían analizar con los técnicos y desarrollar audiencias.
El senador y también ex ministro de Salud Antonio Barrios manifestó que con el proyecto “se consigue fortalecer y garantizar derechos y beneficios adecuados para los asegurados, al tiempo que se asegura la sostenibilidad del IPS a largo plazo”.
“¿Por qué el proyecto se extiende de tres a 10 años? El 80% de todos los asegurados tributa solo por el salario mínimo y cuando se acercan los tres años empiezan a aumentar su salario para que su jubilación sea más alta”, sostuvo el legislador.
Asimismo, dijo que el tributo de 2,5% que el IPS venía pagando al Ministerio de Trabajo, Sinafocal, SNPP y Ministerio de Salud, que ronda los USD 90 millones, será redirigido para fortalecer el fondo de enfermedad y maternidad. El Ministerio de Economía tendrá que hacerse cargo de las instituciones desfinanciadas.
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La senadora Yolanda Paredes dijo que reconocen que el IPS está en quiebra, pero que al aumentar los años del cálculo están nuevamente cargando al trabajador.
“¿Quiero saber cómo el Estado paraguayo piensa pagarle al IPS los USD 540 millones que le debe, cómo se le va a cobrar a la patronal los USD 597 millones que deben las patronales a IPS?”, cuestionó la legisladora.
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Paredes dijo que el IPS tiene una deuda acumulada sin intereses, sin recargos moratorios, financieros ni judiciales, de USD 1.137 millones.
“¿Es un platal, vamos a cargarle no más a la parte más débil, al trabajador?”, cuestionó, mientras la senadora Lizzarella Valiente pidió cierre de la lista de oradores.
Paredes criticó que los patrones no son obligados a depositar lo que deben, pero al trabajador sí se le descuenta cada mes. Entre tanto, dijo que las farmacias y empresas de diagnósticos y otros estudios en inmediaciones del IPS son los que están forrados en plata.
Por su parte, la también ex ministra de Salud y senadora Esperanza Martínez dijo que el objetivo del sistema de protección social, así como lo que hace a la salud y la vejez, tiene que ver con que las personas puedan tener protección en su etapa laboral, en la maternidad y que cuando llegan a la jubilación puedan disfrutar de una vida digna y un ingreso que les permita tener autonomía para tener calidad de vida.
“Las causas de que hoy no estén dando las cuentas para seguir pagando y garantizar los fondos para los futuros jubilados tiene cuatro elementos, el primero es la corrupción, se sigue robando y a los que robaron le espera la impunidad, como el caso de los directores del periodo anterior”, lamentó la legisladora, atendiendo a que los dos ex presidentes del IPS son investigados.
También cuestionó el clientelismo político que ubica a los amigos y gente no preparada en cargos importantes, mientras sostuvo que la solución recae nuevamente sobre el trabajador.
Los senadores Eduardo Nakayama y Celeste Amarilla lamentaron que el proyecto nuevamente se trate a las apuradas y no les hayan dejado ni estudiarlo. Dijeron que aunque pueda ser bueno, no acompañarían porque sus colegas nuevamente hacen uso del autoritarismo y mayoría cartista.
El ex presidente de IPS, Andrés Manuel Gubetich Mojoli, está siendo procesado por estafa y lavado de dinero, mientras que el caso de Vicente Battaglia aún queda por definirse si será investigado o no.
