La iniciativa, que pone de ejemplo el caso de la cantante, lleva por nombre “ley de libertad y derecho a emanciparse de la explotación” (freedom and right to emancipate from exploitation act), que responde a FREE Act por sus siglas en inglés, un guiño al movimiento #FreeBritney.
“Con la FREE Act, liberaríamos a Britney junto a la innumerable cantidad de ancianos y personas con discapacidades abusadas y explotadas por un sistema roto”, aseguró en un comunicado el congresista demócrata Charlie Crist (Florida), impulsor del proyecto junto a la republicana Nancy Mace (Carolina del Sur).
La ley permitiría que las personas tuteladas puedan pedir la retirada de un tutor y reemplazarlo por otro familiar, empleado público o profesional privado.
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En la actualidad, los afectados por la tutela legal tienen que demostrar que se ha perpetrado abuso o fraude para lograr cambios sustanciales, algo difícil ya que el propio diseño del mecanismo legal reduce sus competencias y han de estar en todo momento representados por un abogado designado por los juzgados.
“Queremos asegurarnos de que añadimos transparencia y responsabilidad al proceso de tutela. La tutela de Britney Spears es una pesadilla. Si esto le puede pasar a ella, le puede pasar a cualquiera”, añadió Mace.
El proyecto legislativo no es el único gesto que la política estadounidense ha tenido ante el caso de Britney.
Un grupo de legisladores republicanos de EEUU invitó a hace unas semanas a la cantante a testificar ante el Congreso para explicar la batalla legal que libra contra su padre, Jamie Spears, por la tutela que desde hace 13 años controla todos los aspectos de su vida.
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El caso de Spears ha provocado la simpatía de los republicanos porque, a su parecer, la tutela impuesta sobre la artista infringe algunos de los principios básicos más importantes de su ideología, como el individualismo, la libertad y la independencia del Estado.
Pero también algunos demócratas han expresado su solidaridad con la intérprete de “Toxic”.
Por ejemplo, los senadores demócratas Elizabeth Warren y Bob Casey pidieron al secretario de Salud, Xavier Becerra, y al fiscal general, Merrick Garland, más información sobre la figura legal que permite que el padre de Britney tenga pleno control sobre el patrimonio de la artista, valorado en USD 60 millones.
Sobre la batalla legal de Britney, la Corte Superior de Los Ángeles permitió la semana pasada que pueda elegir a su propio abogado, un cambio sustancial que sienta precedente en la tutela después de las dimisiones de su anterior abogado designado, su representante artístico y un fondo de inversión que controlaba su riqueza.
