La Cámara Federal de la capital argentina confirmó el procesamiento de Fernández por el presunto delito de peculado (malversación de activos públicos) mediante la supuesta utilización de aeronaves de la flota presidencial para el traslado de mobiliario.
Con todo, los jueces revocaron el procesamiento de quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015 en relación a la acusación de haber utilizado los aviones para hacer llegar periódicos desde la capital del país hasta la sureña provincia de Santa Cruz, donde tiene una residencia particular.
El tribunal entendió que tanto los diarios como los informes de prensa eran elementos vinculados a sus funciones como jefa de Estado.
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En el mismo fallo, los jueces dictaron la falta de méritos en esta causa de quien era entonces secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, quien este miércoles prestó juramento como senador nacional.
En marzo de 2019, el juez Claudio Bonadio había procesado a Fernández y Parrilli en este caso por el presunto uso de los aviones presidenciales para llevar los periódicos a la ex mandataria y al fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) cuando estos se encontraban en las ciudades santacruceñas de Río Gallegos y El Calafate.
También habían sido acusados de haber usado el avión Tango 01 en varias oportunidades para transportar desde el exterior muebles y otros objetos cuyo presunto destino final era alguno de los hoteles en El Calafate propiedad de la familia Kirchner.
Esta investigación es una derivación de la denominada “causa de los cuadernos”, también llevada adelante por el juez Bonadio y en la que prestaron declaración los pilotos de la flota presidencial.
Precisamente, la defensa de Cristina Fernández solicitó este jueves a la Cámara Federal de Casación que revoque la orden de prisión preventiva dictada en setiembre de 2018 por Bonadio en contra de Fernández, que asumirá como vicepresidenta el próximo 10 de diciembre.
La orden de prisión nunca se hizo efectiva por los fueros parlamentarios de Fernández como senadora.
En esta causa, Bonadio procesó a Fernández como presunta jefa de una asociación ilícita que operó entre 2003 y 2015.
La causa se inició a partir de las anotaciones en cuadernos de un chofer del Ministerio de Planificación, presunto epicentro de una supuesta trama de sobornos a cambio de contratos públicos que probablemente comenzó con el Gobierno de Néstor Kirchner y continuó durante el de Fernández.
La defensa de la vicepresidenta electa pidió en una audiencia ante la Cámara Federal de Casación que revoque por “arbitraria”, “vergonzosa” y “grotesca” la orden de prisión preventiva.
“Esta prisión preventiva no tiene ningún fundamento. El 10 de diciembre asume como vicepresidenta de la Nación, circunstancia que hace inimaginable que se pueda escapar o entorpecer (la causa)”, sostuvo el abogado defensor Carlos Beraldi.
El próximo lunes, Fernández deberá presentarse en los tribunales capitalinos para prestar declaración indagatoria en el juicio oral que se le sigue por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz.
Esta es la única de las causas por las que hasta ahora Fernández es sometida a juicio.
Dentro de este caso se investigan supuestas irregularidades en las adjudicaciones para la construcción de carreteras en Santa Cruz.
