07 feb. 2025

Condenan a hijo de empresario en caso de billetes venezolanos

Bruno Da Costa Amaral, hijo de un conocido empresario de Salto del Guairá, fue condenado a solo tres años y seis meses de cárcel por la tenencia ilegal de 30 toneladas de billetes venezolanos. La Fiscalía apelará el fallo, ya que solicitó un total de 12 años.

billetes venezolanos detenido

Momento del allanamiento en la casa de la familia Da Costa Amaral. | Archivo.

Foto: Archivo

Bruno Da Costa Amaral fue condenado en el caso de los billetes venezolanos a tres años y medio de cárcel. El Ministerio Público informó a través de sus cuentas de Facebook y Twitter que el fiscal Vicente Rodríguez apelará contra el fallo del Tribunal de Sentencia porque considera que fue una leve condena.

La Fiscalía sostuvo que demostró la responsabilidad en la comisión del hecho punible y solicitó 12 años de cárcel para el procesado. Sin embargo, fue condenado solo tres años y seis meses de pena privativa de libertad.

Bruno Da Costa Amaral fue procesado por la tenencia ilegal de 30 toneladas de billetes venezolanos, en una vivienda de Salto del Guairá, en el Departamento de Canindeyú, en febrero de 2017. Los hechos atribuidos son asociación criminal, contrabando y lavado de dinero.

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El hombre es hijo del empresario brasileño Leandro José da Costa Neto, esposo de la concejala colorada de Salto del Guairá Miriam Amaral.

Da Costa Amaral había sido acusado de formar parte de un esquema integrado por su padre, cabeza de la organización, conjuntamente con sus hermanos Herilo Da Costa Amaral, Andrés Da Costa Amaral y otros colaboradores identificados como José Luiz Alves De Souza y Bruno Bromhers.

De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía, el hoy condenado ocultó en su vivienda las bolsas de billetes venezolanos para comercializarlos conjuntamente con el señor Andrés Da Costa Amaral.

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Esto se pretendía vender y posteriormente hacer una inserción de las ganancias dentro del sistema financiero paraguayo, utilizando con su hermano Andrés Da Costa Amaral la empresa denominada Casa Rossi SA, propiedad de los citados y que se encontraba suspendida, según la SET.

En el marco del esquema también fue utilizada la empresa Sombras SA, perteneciente a José Luiz Alves De Souza.

El Ministerio Público sostiene que conforme a los elementos que se reunió durante la investigación, la conducta desplegada por el acusado se encuentra enmarcada como asociación criminal y lavado de dinero, no pudiendo este justificar el origen del dinero hallado en su poder.

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